Categoría: Opinión

Mayra Brito. Estudiante de derecho. ESEN

El art. 60 inc. 2º de nuestra Constitución dice que en todos los centros docentes será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, pero parece que es letra muerta porque últimamente pareciera que se ha puesto de moda tergiversar el tema de la reforma constitucional, el cual tiene profundas raíces en nuestra historia nacional. Es muy preocupante que muchos “profesionales”, políticos y ciudadanos estén cuestionando la validez de una norma que impide la reelección presidencial y apoyan una reforma, por mucho absurda, que permita la reelección en el poder. A mi criterio, esas intervenciones han sido irresponsables y patéticamente desinformativas; no es correcto que los “profesionales” se aprovechen de la desinformación para sembrar ideas que pueden desembocar en una ruptura del orden constitucional. 

Supongamos que es posible la reforma constitucional respecto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia (aunque ya sabemos que NO se puede), pero ¿qué tan viable es? La respuesta es que no, no es viable por una simple razón: la historia nos ha demostrado que permitir que se perpetúe una persona o un grupo en el poder no es la decisión más inteligente. Al parecer, no nos bastó vivir dictaduras militares que desembocaron en una guerra civil que duró 12 años y de la cual nos seguimos recuperando para comprender que el sistema democrático es el mejor para administrar un Estado. Estimado lector ¿realmente vale la pena arriesgarse y entregarles las llaves a los gobernantes populistas para que se perpetúen en el poder? Creo que la respuesta es clara, los riesgos y costos de oportunidad son muchísimo más altos que los beneficios que pueda reportar, el abuso del poder cambia de forma y resulta que cada novedad es aún más lesiva que la anterior. 

Es tan evidente que en América Latina el riesgo actual a las democracias incipientes es muy alto: empieza con populistas que hablan bonito, que te hacen creer en que pueden bajar el cielo y las estrellas, después se pintan a sí mismos como el ser que tiene la solución a todos los problemas, mientras va destruyendo la credibilidad de las otras instituciones y desacredita a sus oponentes atacándolos por aspectos personales. Además, evita la transparencia y repite continuamente que todo está bien, que hay que creerle. La ciudadanía adormecida le cree todo y es aquí cuando aprovecha para quitar derechos bajo la justificación que “es por el bien de todos”.  Cuando ya tiene todo el poder concentrado “saca las garras” y se consolida en el poder. ¿Parecido con la realidad? No es coincidencia, la historia nos ha demostrado que cambia el método, pero no el objetivo. 

Por ahí alguien preguntó ¿qué por qué los Magistrados y Diputados se podían reelegir y por qué el presidente no? Reitero, la respuesta nos la da la misma historia política salvadoreña: hemos vivido en dictaduras maquilladas de democracias, con textos constitucionales espectaculares, pero que no son más que eso: letra impresa. Creo que en este punto vale la pena hacer un recordatorio de los hechos históricos que justifican una cláusula pétrea, y es que desde 1931 hasta 1979 El Salvador vivió dictaduras militares donde el pueblo estaba sometido, le quitaron su libertad, sus derechos políticos, su capacidad de expresarse y cuando un militar “aburría” venía un golpe de Estado y con ello una Junta Revolucionaria de Gobierno que asumía el poder mientras llegaba otro autoritario con ideas “agradables” para el sector político que estaba del mismo lado que la Fuerza Armada. ¿Cuál era el discurso común entre los presidentes de la época? El mismo que el de los populistas y si no les gustaba hacían que los respetaras y para ello tenían mecanismos de tortura, desapariciones forzadas, muertes a los “revolucionarios” o “desobedientes”. 

En ese contexto muchos presidentes nos robaron, intentaron eliminar nuestras raíces étnicas y hasta eliminaron la diversidad bajo el argumento que “era lo mejor para la Patria”. Lo irónico de todo esto es que a pesar de la existencia de  la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa los militares hacían lo que quería porque eran “Órganos pantalla”, que se caracterizaban por tener funcionarios nombrados por los mismos presidentes ¿Para qué? Para que los dejaran hacer lo que quisieran y si alguno pretendía ejercer un verdadero control lo silenciaban, imagine usted cómo… 

¿Ahora comprenden por qué es tan aberrante pensar en volver a esas épocas donde una sola persona controlaba los tres órganos fundamentales y se perpetuaba en el poder? ¿comprende por qué tanto escandalo por el 9F que se resume en la toma MILITAR de un Órgano del Estado? 

¿Quieren otro dato histórico?: cuando a los gobernantes de turno no les gustaba la Constitución hacían una que se les ajustara más, es por ello que nuestra historia republicana está marcada por 14 Constituciones, sí 14. Ahora, plantear el argumento que “otros países si permiten la reelección de presidente” es absurdo e irresponsable porque cada país tiene condiciones democráticas que atienden a su propio contexto histórico, incluso en América Latina somos diferentes en muchos aspectos y ni siquiera entre nosotros somos comparables. Por favor, antes de proponer esta clase de disparates estudiemos la historia, los antecedentes constitucionales, comprendamos mejor la razón de ser de las cláusulas pétreas y por respeto evitemos seguirles el juego a los aprendices de dictador. 

Estimados promotores de la reforma constitucional: qué les parece si antes de hablar de una “restructuración del Estado” mejor proponemos reformas al sistema educativo, exigimos el cumplimiento de la normativa constitucional, promovemos la formación democrática, les enseñamos a nuestra gente lo que sí dice la constitución, le explicamos con palabras sencillas lo que sí dice la jurisprudencia constitucional, promovemos la transparencia, la rendición de cuentas y una vez que cumplamos todo eso, nos planteamos una reforma. 

Los inquilinos de CAPRES son fieles creyentes y principales promotores de la reforma constitucional, pero ¿cómo se les ocurre hablar de reforma constitucional cuando su gobierno se ha caracterizado por los discursos de descalificación hacia los otros órganos, la oposición y todo aquel que critique o señale los errores; cuando no rinde cuentas de la forma establecida, cuando no es transparente y hace todo lo posible por no entregar información PÚBLICA? Desconfío de esos intentos de tocar el cuerpo constitucional, considerando que el equipo “jurídico” de la Presidencia hace todo por justificar las ideas de su jefe. 

Ahora bien, los ciudadanos no estamos exentos de responsabilidad y antes de promover que el inquilino de CAPRES se perpetúe en el poder y “elimine” a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial, específicamente a la Sala de lo Constitucional, debemos comenzar a exigir que solo los que cumplen el perfil constitucional sean los candidatos a los cargos públicos, y sí dentro de este perfil esta la INSTRUCCIÓN Y HONRADEZ NOTORIA, ello implica que nos demos a la tarea de buscar el CV del candidato, analizar su experiencia y determinar si tiene las cualidades técnicas y éticas para desempeñarse en el cargo. El día en que el ciudadano comprenda que hablar bonito, ser “influencer”, el más cool, NO lo hace apto al cargo nos ahorraremos muchas discusiones, comenzaremos a erradicar la corrupción y nos ahorraremos muchos millones de dólares que podrán ser invertidos en educación y salud. Pero, mientras sigamos eligiendo funcionarios sobre la base del “voto de castigo”, del aspecto físico o por lo “bonito que habla” seguiremos atando las cadenas históricas de la corrupción, incompetencia y mediocridad que ha caracterizado a nuestra patria y que es una de las razones principales del subdesarrollo. 

En conclusión, en este escenario nefasto tenemos dos responsables: (i) los políticos y “profesionales” promotores de las locuras del aprendiz de dictador que se aprovechan de la desinformación de la ciudadanía para cambiar al mismo sistema que les permitió acceder al poder y (ii) los ciudadanos, quienes tienen el deber y la responsabilidad de elegir a los mejores perfiles (técnicos y éticos) para ejercer un cargo público. Necesitamos garantizar el sistema democrático, el cual nos hace libres y nos reconoce derechos que nos han costado más de 12 años de sufrimiento y sangre de miles de personas,  procuremos mantener viva la memoria histórica para que se repita una nueva era de dictaduras, secretismo y corrupción. 

S. Enrique Anaya Barraza.

El 8/junio/2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) declaró, en una sola sentencia, la inconstitucionalidad de 2 decretos legislativos (DL 611, del 29/marzo/2020, y el DL 639, del 5/mayo/2020, aunque en realidad también comprende el DL 594, del 14/marzo/2020, así que en puridad son 3 decretos legislativos), así como 12 normativas emitidas directamente por el Órgano Ejecutivo (lo que comprende decretos presidenciales, decretos ministeriales y una resolución ministerial).

Así que, en principio, aunque tendré que revisar con detalle los antecedentes del siglo XX, asemeja que la actual administración presidencial ha roto un record nacional, por lo que, como a dicha administración le gusta decir, están “haciendo historia” (parece que han copiado a la canción): ¡nunca había incurrido que en tan corto tiempo se produjeran tantas inconstitucionalidades con motivo del ejercicio de la potestad normativa del Órgano Ejecutivo!

En efecto, 15 –sí, quince- textos normativos emitidos en un lapso menor a un trimestre, en los que CAPRES intervino en todos, ya sea porque presentó iniciativa de ley (así sucedió con los DL 594,611 y 639), ya sea porque fueron emitidos por autoridades administrativas (Presidencia de la República y el Ministerio de Salud), producidos entre el 14/marzo/2020 y el 4/junio/2020, fueron declarados inconstitucionales, amén que la SCn/CSJ ha establecido, en la sentencia del 8/junio/2020, criterio jurisprudencial que impone –obligadamente- la declaratoria de inconstitucionalidad de al menos 2 decretos ejecutivos más: así que, muy fácilmente, en números gruesos, en 80 días, CAPRES se “lució” con la emisión de aproximadamente 20 textos normativos que violaron la Constitución.  ¡A texto inconstitucional cada 4 días!

Así que, como gusta decir a la propaganda de la administración presidencial, debemos reconocer que tienen razón: ¡nunca se había hecho algo así en la historia del país! ¡por primera vez en la historia del país” ¡Haciendo historia!

Pero amén del cúmulo de producción normativa inconstitucional, lo más grave –si cabe- es que las infracciones constitucionales que promovió, dictó y ejecutó la administración presidencial se referían a elementos esenciales del sistema democrático y republicano, pilares del sistema político y jurídico salvadoreño: por un lado, el establecimiento de regímenes de suspensión de derechos constitucionales sin el debido soporte fáctico o evidencia, es decir, emitidos por meros “decires” o mensajes de miedo, amenaza y zozobra; y, por otra parte, la invasión de funciones legislativas por parte de CAPRES, lo que constituye una alteración a la noción básica de distribución y control del poder.

Y es que, a efectos jurisdiccionales, a más de 80 días de suspensión de derechos constitucionales (tanto por la Asamblea Legislativa como por el Órgano Ejecutivo), la SCn/CSJ declaró que la parte más relevante del régimen jurídico dispuesto durante la pandemia es inconstitucional: entonces, reitero un planteamiento que he expuesto desde hace varios meses, ¿por qué el Presidente de la República no contrata abogados para que lo asesoren en el campo jurídico?

Para decirlo en términos coloquiales: que en un país que pretende calificarse de democracia, en un lapso menor a 3 meses, el Órgano Ejecutivo proponga o emita casi 20 textos normativos que son declarados inconstitucionales, solo significa una cosa: ¡el Órgano Ejecutivo no cuenta con asesoría jurídica, no tiene abogados entre su equipo de trabajo! (que haya contratado personas que redacten mal o expresen tinterilladas en radio o televisión no cuenta como asesoría jurídica).

Y es que me resulta muy difícil entender como un supuesto equipo jurídico puede ser capaz de producir textos inconstitucionales a un ritmo de casi un texto inconstitucional cada 4 días.

Pero la producción inconstitucional por parte del Órgano Ejecutivo no terminó con la sentencia de inconstitucionalidad, ya que el 14/junio/2020, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud emitió el decreto ejecutivo No. 31 (DE 31), bajo el farragoso título de “Protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por covid-19, aplicables en las zonas occidental, central y oriental de la República de El Salvador” (quizá quienes se dicen asesores jurídicos de CAPRES piensan, a modo de menú de restaurante de comida fusión, que mientras más largo el nombre de los textos normativos, la gente los creerá inteligentes), pero que en realidad no contiene ningún protocolo sanitario y, además, muestra unos patéticos y estériles esfuerzos por burlar la sentencia de la SCn/CSJ del 8/junio/2020.

Pues les cuento que ese DE 31 también es inconstitucional, así que debo reconocer la perseverancia de los cultivadores del “derecho golpista”: no se cansan de producir normas inconstitucionales, en franca infracción de la Constitución y en frontal desacato de sentencia de la SCn/CSJ.

Y, déjenme contarles, para remate, que el asesor del asesor de CAPRES, quien ha pasado más de 3 meses defendiendo violaciones constitucionales en tv, radio y Twitter, ha insistido en plantear tal defensa en foros académicos, pero como ninguna institución académica “le tira bola” (totalmente comprensible por demás), pues decidió apoyarse en una fundación liderada por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (aclaración importante: no es magistrada de la SCn/CSJ), para organizar un dizque evento sobre potestad normativa de la administración durante una pandemia (por supuesto, previo pago).

Disculparán la franqueza, pero no tengo claro si después de la declaratoria de inconstitucionalidad de casi 20 textos normativos producidos en un trimestre, precisamente elaborados, asesorados y/o defendidos por el asesor del asesor de CAPRES , una conferencia pagada sobre potestad normativa encajaría como caso de publicidad engañosa (si el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor –TSDC- contara con potestad consultiva le preguntaría…ah, no, ya me acordé: el presidente del TSDC es el papá del asesor de CAPRES).

En definitiva, entonces, parece evidente que la estrategia de CAPRES es el diseño y ejecución de una potestad normativa inconstitucional (a ver si el asesor del asesor expone en su conferencia sobre ese universo paralelo); o quizá, como dice una entrañable amiga –que además de psicóloga es muy versada en música urbana-, semejante acumulación de inconstitucionalidades en menos de 3 meses, únicamente se explica como una grave distorsión cognitiva (incluida la alteración de la racionalidad y el pensamiento crítico), causada por pasar escuchando y tarareando la “canción oficial” de quienes se dicen equipo jurídico de CAPRES (EJ-CAPRES):

“La Constitución me estaba llamando, pero yo no contesté.

Porque yo estaba en CAPRES jugando y de ella me olvidé.

Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé.

Yo estaba en CAPRES jugando y de la Constitución me olvidé.

Oh!, ooh!, ooh!, ohh!

Un shot, dos shot, que el decreto ejecutivo así se vaya.

Eh!, eh!, eh! uah!

La Constitución me estaba llamando y tuve de darle delete”

P.D.: pagaré un sano y nutritivo almuerzo para la primera persona mayor de 35 años que me escriba diciéndome el nombre del sencillo que inspiró la “canción oficial” del EJ-CAPRES. Disculparán la discriminación etaria, pero un millennial me diría, en menos de 3 segundos, no solo el sencillo, sino el álbum, los intérpretes y el director del video.

S. Enrique Anaya

Este amigo de todos ustedes ha insistido, en el contexto de la crisis (sanitaria, social, económica, ambiental y democrática) que actualmente padecemos, que una de las violaciones más graves que ha ordenado y ejecutado la administración presidencial es la detención y sometimiento a prisión de las personas que inobservan la cuarentena domiciliaria obligatoria impuesta –de modo inconstitucional- por el Órgano Ejecutivo (OE).

Las personas que afirman asesorar jurídicamente a la Presidencia de la República (CAPRES) expusieron cada argumento más jurídicamente excéntrico y fácticamente inverosímil para –infructuosamente- justificar las detenciones arbitrarias, e insistían en ello a pesar de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) declaró, al menos en 4 ocasiones, que está constitucionalmente prohibido que se detengan o se sometan a internamiento forzoso o confinamiento a las personas que inobserven la cuarentena, simple y sencillamente porque nunca ha existido ni existe ley formal –emitida por la Asamblea Legislativa (AL)- que habilite a semejante y tan absurda privación de la libertad de las personas.

Y es que no obstante las declaraciones de la SCn/CSJ, las detenciones ilegales continuaron, ordenadas por CAPRES, justificadas por quienes se dicen asesores jurídicos de CAPRES, y ejecutadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y por la Fuerza Armada (FF.AA.), llegando al vergonzoso hecho que casi 2,500 salvadoreños fueron ilegalmente detenidos, sometidos a prisión en lugares con características de insalubridad y hacinamiento, con riesgo de contraer una enfermedad mortal y sin plazo determinado para la detención.

Para evitar ocultar la grosera inconstitucionalidad e ilegalidad de las detenciones ilegales, desde CAPRES se acudió a todo tipo de embuste jurídico, de forma sucesiva, por ejemplo, utilizar inconcebibles eufemismos (“no son detenciones, son restricciones”; “no son restricciones, son traslados hacia centros de prevención”; “no lo decide la PNC, sino un médico”), para luego hacer referencia a procedimientos administrativos que se sabía no se cumplirían o, en todo caso, habilitaban a la arbitrariedad.

Al respecto, entre los estériles esfuerzos por esconder la inconstitucionalidad e ilegalidad de las detenciones por incumplir la cuarentena domiciliaria, el decreto ejecutivo No. 26 (DE 26) emitido por el Ministerio de Salud (MINSAL), el 19/mayo/2020, fue uno de sus últimos intentos, ya que, al respecto, el inciso 3º del art. 17 del DE 26 disponía:

“Si de la evaluación de la persona que hubiere sido sorprendida incumpliendo la cuarentena domiciliar, a que se refiere el presente artículo, resultare que no presenta síntomas de ser portador del COVID-19, el personal médico del Ministerio de Salud determinará su traslado a un centro de contención, o cuarentena domiciliar, por haber estado expuesto a contraer el COVID-19”.

Como fácilmente se advierte, la disposición transcrita en realidad habilitaba a que una persona que incumpliera la cuarentena, por esa sola circunstancia y a pesar que no presentare síntomas de la enfermedad, fuere remitida a un centro de contención, sometiéndola a prisión por lapso indeterminado: ello confirma, como se deduce de las declaraciones de la SCn/CSJ, que la detención y el internamiento forzoso operaban en realidad como sanción y no como medida sanitaria. Pero, por favor, fíjense, recuerden y tengan presentes las frases subrayadas.

Pues les cuento que el MINSAL ahora ha reconocido, implícitamente pero de modo inequívoco, la ilegalidad de miles de detenciones. Así de simple, ya que a partir del 2/junio/2020 ya no existe, ni siquiera en los inconstitucionales decretos ejecutivos, la previsión de conducir a un centro de contención a las personas que no presentan síntomas de la enfermedad COVID-19. 

Les cuento con detalle: con fecha 2/junio/2020, el MINSAL emitió el decreto ejecutivo No. 29 (DE 29), en el cual existe un relevante cambio sobre las circunstancias para conducir a una persona a un centro ce contención, pues el inciso 3º del art. 17 del DE 29 ahora prevé:

“Si de la evaluación de la persona que hubiere sido sorprendida incumpliendo la cuarentena domiciliar, a que se refiere el presente artículo, resultare que no presenta síntomas de ser portador del COVID-19, el personal médico del Ministerio de Salud determinará que debe retornar inmediatamente a su vivienda, a continuar con su cuarentena domiciliar obligatoria”.

¡Wow!…que gran cambio: ahora resulta que, a diferencia de lo que se hizo inconstitucional e ilegalmente por casi 75 días, si una persona que incumple la cuarentena pero no presenta síntomas de contagio, no deberá ser remitida a un centro de contención, sino que se ordenará su retorno a casa. La diferencia es vital y la resumo así:

• Desde el 21/marzo/2020 hasta el 1/junio/2020, si una persona era “sorprendida” incumpliendo la cuarentena, era sometida a prisión en un centro de contención, ¡a pesar que no presentara síntomas de la enfermedad por COVID-19!, bajo el rocambolesco argumento que esa persona había “estado expuesta a contraer el COVID-19”,: quienes afirman ser asesores jurídicos de CAPRES inventaron mil cuentos para intentar justificar tales detenciones, aseverando –entre tantas necedades- que al incumplir la cuarentena, esa persona era un riesgo para toda la población, que era un “vehículo de contagio”, y otras “bellezas” discursivas que no pasaban la prueba de la risa.
• Pero ahora el MINSAL dispone, a partir del 2/junio/2020, que si una persona es “sorprendida” incumpliendo la cuarentena pero no presenta síntomas de la enfermedad, se ordenará su retorno inmediato a su vivienda, es decir, si una persona no presenta síntomas, no podrá ser remitida a un centro de contención, no podrá ser detenida ni sometida a prisión.

Ese cambio en la normativa de MINSAL nos demuestra que todas las absurdas e inimaginables justificaciones de las detenciones ilegales, elaboradas por quienes dicen constituir el equipo jurídico de CAPRES (EJ-CAPRES), se reducen a vulgares intentos por justificar lo injustificable.

Veamos la burda contradicción del OE y de CAPRES: hasta el 1/junio/2020, si una persona incumplía la cuarentena domiciliaria ella era un peligro andando por esa sola circunstancia, era un vehículo de contagio para todos los salvadoreños por el mero hecho de incumplir la cuarentena, así no presentara síntomas de la enfermedad, por lo que esa persona debía ser sometida a prisión en un centro de contención; pero ahora resulta, desde el 2/junio/2020, supuestamente en el momento más crítico de la pandemia –según dice CAPRES-, que si una persona incumple la cuarentena y no presenta síntomas, pues ya no constituye un peligro, ya no es un vehículo de contagio, por lo que ya no será enviada a un centro de contención, sino a su casa. 

Al fin, después de casi 3 meses y prácticamente 2,500 personas detenidas ilegalmente (y quién sabe si, tristemente, alguna persona contagiada en los centros de contención), la norma ministerial se ajusta a lo previsto en el art. 136 del Código de Salud, en el sentido que una persona puede ser sometida a cuarentena o aislamiento, única y exclusivamente cuando padezca la enfermedad, cuando sin presentar síntomas albergue o disemine el agente patógeno (lo que debe comprobarse mediante pruebas médicas), o haya sido expuesta a su contagio. 

En efecto, ninguna ley –y así lo dijo repetidamente la SCn/CSJ- disponía que una persona, por el hecho de incumplir la cuarentena domiciliaria obligatoria podía ser sometida a internamiento forzoso, para CAPRES  insistió en hacerlo: así que el EJ-CAPRES tardó casi un trimestre lo que es constitucional y legalmente elemental, pues ahora ya entendieron que las detenciones y sometimientos a prisión de las personas que incumplían la cuarentena eran y son un acto arbitrario, inconstitucional e ilegal, violatorio de los derechos humanos: creo que en la historia nacional, jamás habíamos tenido que pagar tanto los salvadoreños –en recursos humanos, financieros, en vidas- para que se entendiera por funcionarios públicos que solo estaban haciendo tinterilladas, socialmente condenables y jurídicamente impresentables.

Así que ya saben: si usted es médico, policía y oficial militar que haya tenido o tiene a su cargo albergues con personas detenidas por incumplir la cuarentena, ahora que el mismo MINSAL admite implícitamente que siempre fueron detenciones ilegales, ya sabe que podrán demandarlo y exigirle responsabilidad patrimonial personal (es decir, de su propio bolsillo): y si les obligan a pagar, pues esa “gracia” se la agradecen a los integrantes del EJ-CAPRES.

Pero lo más importante ahora: usted no puede ser detenido por incumplir por cuarentena domiciliaria y, en consecuencia, únicamente puede ser sometido a cuarentena controlada en un albergue si presenta síntomas médica y objetivamente verificables de contagio por el virus que produce la enfermedad COVID-19.

Y aclaro: por su propia salud y por razonable prudencia (pues en ocasiones el OE y CAPRES actúan de modo frontalmente contrario a lo que dice las leyes y sus propios decretos ejecutivos), por favor, si puede, no salga de su casa.

En fin, ya ven, pues, LA VERDAD TARDA PERO LLEGA: ahora se comprueba, con el DE 29, que la mentira tiene fecha de vencimiento y, en este caso, sobre las detenciones ilegales que durante 72 días se practicaron en el país, queda constancia que con la emisión de dicho decreto ministerial, han sido los propios asesores de CAPRES quienes dejen en evidencia la inconstitucionalidad e ilegalidad de las actuaciones de CAPRES y del OE.

P.D.: aunque exige otra publicación, adelanto que la emisión del DE 29 impone la libertad inmediata de todas las personas detenidas por incumplir la cuarentena, y únicamente podrán permanecer internadas aquellas personas que presente síntomas. Ojalá que la SCn/CSJ, como parte del seguimiento a medidas cautelares de alcance general o estructurales, dictadas en procesos de hábeas corpus, verifique que ello se cumpla en la realidad. ¡Ya basta de detenciones ilegales en el país!

S. Enrique Anaya

El 12/mayo/2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) hizo públicas 2 resoluciones emitidas en procesos de inconstitucionalidad (números 36-2020 y 37-2020); decisiones judiciales que seguramente serán mencionadas en el futuro como ejemplos del funcionamiento anormal de la justicia constitucional o, más bien, como casos de la negación de justicia constitucional: y ello, en tales procesos de inconstitucionalidad, no por lo que dispone y decide, sino por el contexto y circunstancias en que se emitieron dichas resoluciones judiciales.

En el país, lamentablemente existe la tendencia a examinar las decisiones judiciales por su mero contenido, como si de productos aislados de la realidad se trataran, pero es necesario tener en cuenta que las resoluciones judiciales no son productos de generación espontánea, sino que son actuaciones estatales que se producen e inciden en un ambiente real, por lo que es conveniente tener en cuenta el entorno –social, político, histórico- en el cual se producen.

Así, les comparto los antecedentes y algunos detalles fácticos que nos permiten contextualizar las resoluciones de improcedencia de demanda pronunciadas en los procesos de inconstitucionalidad Nos. 36-2020 y 37-2020:

1. El 13/abril/2020, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud emitió el Decreto Ejecutivo No 19, contentivo de las “Medidas extraordinarias de prevención y contención para decretar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19” (D 19), que fue publicado en el Diario Oficial de fecha 13/abril/2020.
2. Cabe acotar que el D 19 es un producto más de la bastardía jurídica en que se ha convertido la Presidencia de la República (CAPRES), en razón de la labor de quienes dicen que asesoran jurídicamente al Presidente de la República, carentes de toda credibilidad.
3. Entre las diferentes aberraciones del D 19, una sumamente grave era que el art. 1 del mismo disponía, a efectos prácticos, la detención y el sometimiento a confinamiento o internamiento forzoso en albergues o centros de contención, a las personas que inobservaran la cuarentena domiciliaria obligatoria.
4. Ante la múltiple vulneración de principios y reglas elementales de la Constitución que disponía el D 19, algunos connacionales promovieron demandas de inconstitucionalidad contra tal norma (acoto que quien suscribe no participó en la formulación ni suscribió tales demandas), esto es, contra el art. 1 del D 19, en lo relativo a las restricciones a la libertad: el alegato vital de tales demandas es que las restricciones a la libertad física de las personas no puede disponerse por el Órgano Ejecutivo, sino que debía existir ley previa emitida por la Asamblea Legislativa (la misma SCn/CSJ así lo había dispuesto en al menos 3 resoluciones).
5. Al menos dos de las demandas de inconstitucionalidad contra el D 19 se presentaron a la SCn/CSJ el 20/abril/2020.
6. A pesar de la grave situación creada por el D 19 y cuerpos normativos precedentes en el mismo sentido (los Decretos Ejecutivos 12 y 14), que han generado la detención ilegal de casi 2,500 personas, constituyendo la más grosera violación de los derechos humanos desde los Acuerdos de Paz (hace casi 30 años), resulta que la SCn/CSJ decidió tomarse su tiempo para estudiar dichas demandas.
7. Así, para resolver demandas de inconstitucionalidad presentadas el 20/abril/2020, la SCn/CSJ tardó ¡18 días!, casi 3 semanas, y eso a pesar que dicho tribunal cuenta con el apoyo jurídico de 65 personas.
8. Pues bien, semejante tardanza de la SCn/CSJ motivó un espacio de tiempo tan largo que CAPRES emitió un nuevo Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud, el No. 21, con fecha 27/abril/2020: pero ese decreto repetía todos los vicios constitucionales del D 19.
9. Entonces, como la SCn/CSJ seguía meditando y reflexionando, CAPRES contó con la oportunidad temporal –más días- de negociar con un partido de oposición y, así, “pasar” a ley formal –producto de la Asamblea Legislativa (AL) los adefesios jurídicos que se emitían por decreto ejecutivo.
10. Y así, en la madrugada del 5/mayo/2020, la AL emitió el Decreto Legislativo No. 639 (DL 639), contentivo de la Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19, en la que, en concreto, en el art. 9, prácticamente se reproduce lo que antes estaba previsto en el D 19: la detención o restricción de la libertad por violar la cuarentena domiciliaria.
11. Ya feliz CAPRES porque hizo a la AL cómplice de abusos y desmanes, el 6/mayo/2020 emitió el Decreto No. 22 en el Ramo de Salud (D 22), en el cual ya no dispuso las reglas sobre detención por violar la cuarentena, simple y sencillamente porque fueron trasladadas al DL 639, es decir, se cumplió con el aspecto formal de la restricción, pero no con el aspecto material: por cierto, como si de vodevil se tratara, CAPRES hizo con el D 22 aquello de “yo tengo una bolita que me sube y me baja”, pues inicialmente publicó en Twitter el D 22–“lo subió”- luego se arrepintió y “lo bajó”, pero 4 horas después “subió” una versión diferente.
12. Ahora bien,  la realidad es que el D 22 no fue publicado en el Diario Oficial (al menos en el sitio web de la Imprenta Nacional) hasta el 7/mayo/2020.
13. Y entonces se produjo casi un milagro: la SCn/CSJ había estado estudiando por 17 días las demandas contra el D 19, pero al ver que ya se había emitido el D 22, que no reproducía las espurias normas impugnadas que disponían la detención ilegal (pues ahora habían sido trasladadas a ley, en el DL 639), la SCn/CSJ, como afectada por una epifanía, vio la luz y resolvió en poco más de 24 horas (con fecha 8/mayo/2020).
14. Y la resolución es muy sencilla: como las normas impugnadas del D 19 ya no se reproducen ni replican en el D 22 (nada dice la SCn/CSJ que ahora están en ley), pues las demandas ya no tienen sentido, así que se deben rechazar y declarar improcedentes.

¡Wow!…esto será para escribir un montón, pues es realmente llamativo:

1. Ciudadanos plantean demandas de inconstitucionalidad contra decretos ejecutivos que disponen restricciones a la libertad física, alegando que ello únicamente se puede disponer por la AL y no por el Órgano Ejecutivo.
2. La SCn/CSJ lee, piensa, estudia, analiza y reflexiona sobre tales demandas por más de 2 semanas.
3. El largo lapso –a modo de una burbuja en el tiempo- permite que el Órgano Ejecutivo negocie con la Asamblea Legislativa la emisión de una ley que contemple las restricciones a la libertad física de los salvadoreños, a fin de así superar el requisito formal (en el fondo persisten las violaciones constitucionales de fondo), y se emite una ley (cuya ausencia era base de las demandas).
4. Eliminado así el alegato esencial de las demandas de inconstitucionalidad, la SCn/CSJ, a pesar que tenía 17 días de estar estudiando el tema, resuelve en 24 horas, rechazando las demandas.

Así que, en definitiva, lo acontecido en estos casos quedará para los anales de la deshonra jurídica: un tribunal que le gusta autodenominarse “constitucional” tarda tanto y tanto en pronunciarse sobre demandas ciudadanas, que el Órgano Ejecutivo logra que se emita una ley y, así, dejar sin fundamento tales demandas.

Y lo más importante de esta situación es la afectación a las personas (no olvidemos que el Derecho no es una entelequia, sino un producto social que afecta la vida cotidiana de las personas): como el tribunal no se pronuncia sobre el fondo, pues el Órgano Ejecutivo, “feliz y contento”, sigue como elefante en vidriería, rompiendo las bases de una democracia y de un Estado de derecho y, sobre todo, sin ninguna limitación, deteniendo a personas sin ninguna base legal con soporte constitucional.

Ojalá no se repita esta triste situación con las demandas de inconstitucionalidad contra el DL 639…pero confieso que surgen razonables dudas sobre la prontitud de la decisión de fondo por parte de la SCn/CSJ, ya que la vigencia del DL 639 termina el 19/mayo/2020, pero el trámite procesal concluirá 18/mayo/2020, así que la última esperanza es que la sentencia se emita el último día de vigencia del referido DL 639.

Que penoso que la justicia constitucional salvadoreña, al menos en la primera semana de mayo de 2020, quede así registrada en la historia nacional.

P.D.: luego les cuento sobre la forma y fondo de las resoluciones de improcedencia de las demandas en los procesos de inconstitucionalidad Nos. 36-2020 y 37-2020.

S. Enrique Anaya Barraza.

Tomo en parte el título de la primera película exitosa –tanto de crítica como de recaudación- de Steven Soderbergh para identificar algunos de los actos más relevantes, por vergonzosos, que la administración presidencial ejecutó casi al final de la semana pasada.

Primero, el irresponsable tuit del Presidente de la República durante el desarrollo de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa (AL), el 23/abril/2020, en la que, en el momento de discusión y superación de vetos presidenciales, aquel aseveró que una supuesta entidad estatal –totalmente inventada, había “detectado significativa sospecha de COVID-19 en el salón azul de la Asamblea en estos momentos”.

No se hicieron públicos los motivos para semejante aviso y, sobre todo, nunca se mostraron las evidencias científicas sobre las cuales una serie de funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Ejecutivo hayan “detectado” a larga distancia una sospecha de presencia de un virus en un lugar y momento determinado: así que parece que, para la administración presidencial salvadoreña, ya no es necesario que un médico examine los síntomas de una persona, ni tampoco efectuar pruebas de laboratorio o test para detectar el virus COVID-19, sino que en El Salvador existe un desconocido método para “visualizar” el virus desde la distancia y descubrirlo en un sitio y momento determinado. Retomando palabras del Presidente de la República, “el chiste se cuenta solo”.

Segundo, me compartieron tomas de pantalla del Twitter de un programa radial de entrevistas, en la que el asesor del asesor de Casa Presidencial (CAPRES), aseguraba que el Órgano Ejecutivo está “cumpliendo a cabalidad” las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), ante lo que pensé que se trataba de un error de la persona que maneja la cuenta de Twitter del programa, ya que semejante declaración, además de faltar groseramente a la verdad, sería admitir –de modo expreso- que lo afirmado por el Presidente de la República, sosteniendo en esencia que no acataría las resoluciones de la SCn/CSJ, fue solamente una pose de mera apariencia: no creí que el asesor del asesor se atreviera en dejar públicamente en ridículo al Presidente de la República, evidenciando que lo que él diga en Twitter no es cierto.

Así que logré obtener el video íntegro de la entrevista radial al asesor del asesor y, ¡zas!, quedé perplejo cuando en efecto expresó, sin rubor, que en CAPRES “estamos cumpliendo a cabalidad las sentencias de la Sala”. ¡Wow!…vaya atrevimiento: la misma información oficial desmiente tal afirmación, pues el mismo Órgano Ejecutivo declara y reconoce (al 24/abril/2020) que 2,220 personas están restringidas en su libertad física “por violar la cuarentena”; privaciones de libertad que ya en 4 ocasiones ha declarado la SCn/CSJ que son inconstitucionales e ilegales. Así que, como ya dijo el director ejecutivo de la división de América de Human Rigths Watch (HRW) respecto de tal declaración del asesor del asesor, y siempre retomando las palabras del Presidente, “el chiste se cuenta solo”.

El problema real del tuit presidencial y de la declaración del asesor del asesor no es solamente la cuestión ética y moral de la falta a la verdad y a la lealtad, sino que este tipo de aseveraciones hacen perder la credibilidad de los funcionarios públicos, lo que es altamente preocupante durante una crisis sanitaria, cuando lo que se necesita es información soportada con evidencia científica, con razonable justificación y un margen de error aceptable, expuesta con claridad y mesura.

Así que, si bien ya sabemos que en general –como escribió George Orwell hace 75 años- la mentira es prácticamente consustancial al lenguaje político, hacer uso de aquella de modo tan burdo y ordinario durante una emergencia sanitaria es de efectos devastadores para la confianza en los funcionarios públicos, causa incertidumbre en la población (pues ya no se sabe qué creerles a los funcionarios estatales), lo que termina debilitando el sistema democrático.