Sin innovación, datos confiables ni transparencia pública

Laura Nathalie Hernández. Derecho y Tecnologías.

Por muchos años, el potencial de las tecnologías digitales ha pasado desapercibido en los planes y decisiones de los gobiernos de América Latina. En nuestro país, el gobierno actual propuso, en su Agenda Digital [1], el fomento de la economía digital y la transformación digital del país a través de la implementación de tecnologías para la provisión de servicios públicos más eficientes, enfatizando en la importancia de los datos abiertos, la digitalización y simplificación de los procesos.

En el contexto de la actual pandemia, sin embargo, esta agenda digital y su discurso han colisionado frontalmente con la realidad de la respuesta gubernamental a la crisis, en la que se ha desaprovechado la oportunidad de destinar recurso tecnológico que facilite el análisis, transferencia y publicidad de datos sobre COVID-19; de hecho, las carencias fueron evidentes; por ejemplo, al prestar atención a otras actividades [2], se perdió la oportunidad de innovar con soluciones tecnológicas para dar respuesta prioritaria a las necesidades de soporte a los protocolos epidemiológicos implementados por el Ministerio de Salud; asimismo, se falló en proveer de datos transparentes y fiables que sirvieran como insumos para la toma de decisiones para el gobierno y para la ciudadanía.

El confinamiento al que los salvadoreños fuimos sometidos en los últimos tres meses debió aprovecharse para prepararnos para convivir con el virus, mediante la educación y campañas para prevenir el contagio; así como para preparar la infraestructura sanitaria básica y destinar los recursos públicos que fueran necesarios para la atención, seguimiento y evaluación del avance de la pandemia. En este contexto, el Ministerio de Salud, como ente encargado de la detección, manejo y tratamiento de casos de COVID-19, pudo auxiliarse de la Secretaría de Innovación, a través de la dotación de recursos y personal técnico a la red hospitalaria, para la implementación de herramientas para controlar y evaluar la efectividad de la contención del virus a inicios de la cuarentena (marzo).

En esta alianza, la labor de coordinación, colaboración y comunicación entre entidades de salud, gobierno y ciudadanía se facilitaría mediante el trio conformado por la transparencia pública, los datos confiables y la innovación tecnológica. Ejecutados correctamente y en una secuencia lógica, donde la transparencia impulsa la producción de datos, y los datos alimentan a herramientas tecnológicas que potencian a su vez la transparencia de la información, se vuelven un conjunto valioso para la efectividad en la toma de decisiones. Los datos estadísticos solo son útiles y confiables si no han sido manipulados, si provienen de prácticas basadas en la transparencia y si se basan en métodos científicos.

Amparando esta alianza, la normativa vigente contiene facultades, derechos y obligaciones que, bien interpretada y aplicada en favor del interés público, proporcionan las herramientas para generar una respuesta institucional conjunta entre el ministerio de salud y la secretaria de innovación. Específicamente en el área de la salud, contamos con normativa base para el manejo de datos y expedientes de pacientes, así como para la implementación de medidas y protocolos para el control de epidemias.

Las decisiones basadas en datos objetivos, y observantes del marco jurídico vigente serian de utilidad, principalmente, para el Ministerio de Salud, como ente central en el manejo de la crisis sanitaria; así como también le serviría a los demás órganos con facultades legislativas y judiciales, para la evaluación de la necesidad y proporcionalidad en la adopción de medidas sanitarias, presupuestarias, o de restricción o limitación de derechos y libertades.

Transparencia y datos

La transparencia pública fortalece los sistemas democráticos fomentando la supervisión y confianza de la ciudadanía en los gobiernos. Por un lado, le permite al ciudadano acceder a la información pública, evaluar la gestión pública, y ejercer contraloría ciudadana; y por otro, se convierte en una vía que permite a los funcionarios públicos evidenciar sus acciones con datos reales, generando confianza y credibilidad en ellos, pues deja sin recursos a quienes cuestionan sus acciones y decisiones.

En ese sentido, sin transparencia no hay credibilidad en los datos. Por ejemplo, no hay evidencia que se haya tabulado, sistematizado y analizado los datos de ciudadanos en centros de contención y hospitales. La transparencia y la fiabilidad de los datos era fundamental para evaluar si las medidas fueron las adecuadas o si había que corregirlas. Aparentemente también ha habido manipulación, ocultación y mal manejo de datos y pruebas de COVID-19 [3]. Ocultar y manipular la información pública va en contra del derecho acceso a la información pública y a la ética gubernamental; en el caso de datos sobre la salud de enfermos por COVID-19 también afecta su derecho constitucional a la salud y derecho de acceso a información. En particular, constituye una falta a la ética médica pero también es una falta a obligaciones y afectación a derechos contenidos en el código de salud, ley de acceso a la información pública, ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de los servicios de salud, que podrían derivar en responsabilidad penal y violación de derechos humanos.

En principio, la cuarentena obligatoria como medida para la prevención de la propagación del virus fue una buena decisión; sin embargo, no fue bien ejecutada, pues no se definieron parámetros para la planificación de acciones estratégicas, distribución de presupuesto y para la medición de la efectividad de las medidas adoptadas. Además, el enfoque de las medidas impulsadas por el gobierno fue primordialmente punitivo, en vez de educativo, preventivo y científico; y ante la falta de transparencia y datos confiables, fundamental en tiempos de crisis, ha generado dudas sobre la capacidad de la gestión gubernamental y la efectividad de la respuesta a la crisis sanitaria actual.

Datos y Tecnologías

La principal virtud de las tecnologías es que pueden ser herramientas para la solución práctica, rápida y más efectiva de problemas, comparada con la realizada por un humano. La transparencia pública es fundamental para generar los insumos (datos) necesarios para la innovación en el sector público; en el contexto actual de esta pandemia facilitaría, por ejemplo, la identificación de las necesidades de la red de salud pública para crear o implementar soluciones tecnológicas que apoyaran la sistematización, análisis y evaluación de datos e indicadores relevantes. Con ello se generarían las estadísticas que permitan entender la evolución de la enfermedad, así como la necesidad y proporcionalidad de las medidas sanitarias (ej. establecimiento de cercos sanitarios o restricciones al libre tránsito) basada en datos científicos, tal como resolvió recientemente la sala de los constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020. [4]

La Secretaría de Innovación podría apoyar al Ministerio de Salud y a la red nacional de hospitales públicos ampliando el acceso a internet, dotando de más y mejor recurso tecnológico (dispositivos móviles, computadoras, pantallas); creando, mejorando e interconectado las bases de datos de la red de hospitales y salud pública para facilitar la transferencia, análisis y evaluación de datos sobre COVID-19.

Sin embargo, todo ello debería partir del cumplimiento al mandato de transparentar la gestión pública y la utilización de los recursos durante la pandemia, e informar con datos confiables a la ciudadanía sobre el avance o contención del virus. Sin esa información y sin el recurso tecnológico pertinente, prácticamente se ha desaprovechado la oportunidad de innovar y se le ha limitado a la ciudadanía la posibilidad de tener certeza sobre los riesgos que enfrenta al salir del confinamiento.

[1] Ver Agenda Digital https://www.innovacion.gob.sv/. Último acceso: 16 de junio de 2020.

[2] Ver https://twitter.com/Innovacion_SV/status/1246082613967826945?s=20  La Secretaria se limitó prácticamente a la impresión 3d de protectores faciales y a la creación de herramientas digitales para la divulgación de información relacionada con el coronavirus-19 y la pandemia con dudosa funcionalidad y seguridad.

[3] Ver https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24538/Entierros-con-protocolo-covid-19-en-tres-municipios-duplican-la-cifra-oficial-de-muertes.htm. Último acceso: 14 de junio de 2020.

 [4] Ver proceso de inconstitucionalidad 21-2020 acumulado. Último acceso: 13 de junio de 2020.

https://twitter.com/FabrizioMena_/status/1267515873260077060?s=20, información y datos sobre los cuales hoy se tiene dudas de su fiabilidad. Ello podría afectar el análisis y generación de estadísticas, toma de decisiones, evaluación de medidas y protocolos adoptados.