Categoría: Análisis

S. Enrique Anaya

El debate entre funcionarios del Órgano Ejecutivo (OE) y diputados de la Asamblea Legislativa (AL), con relación a la formulación de una ley integral de combate a la pandemia COVID-19, acaecido durante más 5 días (desde la mañana del 25/mayo/2020 a la madrugada del 30/mayo/2020), fue sumamente interesante porque mostró el funcionamiento y operatividad de la discusión entre diferentes órganos del Estado.

Con franqueza, la circunstancia que tal clase de debate, al que tantas veces se ha acusado de opacidad y negociaciones ilícitas y hasta deshonestas, se haya efectuado ante el público constituye un avance en el ejercicio público y transparente del poder. Así  que debemos felicitar a la AL por debatir frente al público, en transmisión directa por múltiples medios (radio, televisión y redes sociales).

Por supuesto, todavía es viable mejorar la calidad –en eficiencia y eficacia- del debate parlamentario e, incluso, las discusiones con otros órganos del Estado, pero se avanza por el camino correcto. Ahora bien, nos toca admitir –ni modo- que la mejora en las prácticas del ejercicio del poder estatal es a paso lento: como dice la canción, “despacito”, pero lo esencial es no desandar lo avanzado y continuar mejorando.

Ahora bien, si bien reconozco tal avance, debo confesar que por momentos dicho debate entre la AL y el OE se volvía enrarecido, inmerso en discusiones estériles o acusaciones gratuitas, pero en opinión de quien suscribe (discutible como cualquier otra), tal situación derivó sobre todo por una reiterada y grave situación: la incapacidad de los funcionarios del OE de presentar una justificación científica de su postura (ello condicionó, por momentos, que los diputados cayeran también en esa deficiencia argumentativa).

Como saben, no soy ni médico, ni epidemiólogo, pero mi percepción como simple y modesto ciudadano es que, en su inmensa mayoría, en el país, la gestión y la administración del combate contra la pandemia por parte del OE ha sido una combinación de supercherías médicas, aderezado con autoritarismo, improvisación, misticismos e intereses políticos abyectos.

Y es que, para ello, basta apreciar la evolución del discurso desde el OE para lo que fue el tema de mayor discusión con la AL, como es la duración de la prolongación temporal de la cuarentena domiciliaria obligatoria, con relación a lo cual nunca se expuso una sola evidencia científica. “Veamos dijo el ciego”:

1. Primero, el 19/mayo/2020, la administración presidencial (CAPRES) informó que había acordado con un grupo de destacados empresarios, que la reapertura de la actividad económica iniciaría el 6/junio/2020, siempre y cuando la Asamblea Legislativa (AL) aprobara una nueva ley de cuarentena por plazo de 15 días, a partir del 22/mayo/2020: nunca se informó a la ciudadanía sobre la supuesta base científica para que CAPRES fijara como fecha de reapertura de la actividad económica, el 6/junio/2020. ¡Parece que era invento, pura paja, sin evidencia científica!
2. Segundo, poco días después, CAPRES hizo una matización que alteraba el cómputo del plazo, aseverando que el lapso de 15 días no era a partir del 22//mayo/2020 (esto es, un día después de venciera el plazo de la inconstitucional cuarentena fijada por un decreto ejecutivo), sino desde la fecha que se aprobara una nueva ley de cuarentena por la AL: ¡wow!…resulta, entonces, que según CAPRES, las medidas sanitarias no se proponen ni adoptan según el comportamiento de la pandemia, sino según la fecha de aprobación de leyes y/o decretos. Tampoco se informó a la ciudadanía sobre la supuesta base científica para el desplazamiento de la fecha de inicio del cómputo del plazo. ¡De nuevo, creo que también es puro invento, sin evidencia científica!
3. Tercero, el 28/mayo/2020, el Ministro de Salud (MINSAL) quiso equipararse a su predecesora (sí, la médico que afirmó que agua con color oscuro y olor pestilente se podía beber…pero que por las dudas se hirviera antes), y de modo campante, sin ruborizarse y en forma contradictoria con previas declaraciones, afirmó en la mesa de debate que “Si El Salvador cierra todas las fronteras del territorio y los 7 millones de salvadoreños cumplen exactamente 15 días sin salir no habría coronavirus en el país”: ¡wow!…cómo es que ningún país había descubierto “la bala de plata” contra el COVID-19, si según el MINSAL es muy sencillo: los millones de salvadoreños nos quedamos encerrados durante una quincena, nadie sale a trabajar, ni a comprar comida ni medicinas, todos son hacemos ascetas o faquires durante ese lapso y ya, ¡zas!, no hay virus (ahora solo falta que el MINSAL nos explique, en esa lógica, cómo es que en los centros penales, si ningún privado de libertad sale desde hace meses, hay casi 200 casos positivos de COVID-19 y cerca de un millar de sospechosos).
4. Cuarto, después de estar discutiendo por 4 días la AL y el OE sobre la nueva ley (que incluiría la previsión de una cuarentena domiciliaria), en la tarde del viernes 29/mayo/2020 se evidenció que todo se reducía a una negociación sin evidencia científica, pues CAPRES –a través del Secretario Privado- reiteró que los 15 días debían computarse después que se aprobara la ley, asegurando que si la ley de cuarentena se hubiere aprobado por la AL el 22/mayo/2020,  ¡ya sola faltarían 6 días!: ¡wow!…entonces, según CAPRES, el virus es muy obediente de leyes humanas y, por ende, mientras la cuarentena fue claramente ilegal, el virus optó por no salir, “estuvo guardadito”, pero si la AL aprueba la ley entonces el virus “reaparecería” y que, entonces, para controlarlo, se requieren 15 días después de aprobada la ley. 
5. Quinto, la extraña insistencia de los funcionarios de CAPRES en una inexplicada cuarentena “estricta”, de la cual nunca fueron específicos sobre qué medidas concretas implicaba tal noción, sino que recurrían a galimatías o se desviaban del tema.
6. Sexto, planteamientos tan absurdos por parte de CAPRES provocó que por momentos algunos diputados incurrieran en las mismas deficiencias argumentativas, como decir que si mejor 8 días para el sector privado, y que 15 días para el sector público, etc., pero todo sin exponer evidencia científica. 
7. Séptimo, la conclusión es que los planteamientos y/o propuestas para la duración de la nueva prórroga de la cuarentena domiciliar (después de casi 75 días en la  misma) nunca se formularon sobre evidencia científica, no se utilizaron datos epidemiológicos: no hay ciencia, todo es superchería médica y mensajes de miedo.

Lo que esa reseña nos deja patente es que lamentablemente no existe ningún soporte científico –basado en datos confiables y contrastables- para las acciones que en el país se han adoptado para el combate para la pandemia, sino que todo es improvisación –reflejo de la grave y peligrosa incapacidad en el OE, en todos los ámbitos- y defensa de intereses coyunturales (sobre todo, desde el OE, la posibilidad de contrataciones y adquisiciones mediante compras directas, sin licitación).

Pero, sinceramente, tampoco me extrañó si tenemos en cuenta previas actuaciones por parte de CAPRES, entre ellas, estas joyas de superchería médica:

1. Declaraciones presidenciales propias de presentaciones de tele-evangelistas, charlas de autoayuda o de prácticas místicas, al solicitar “cerrar los ojos” e imaginar que muere la persona más amada (eso ha sido de lo más vergonzoso y vulgar que ha hecho CAPRES en esta crisis).
2. Declarar que en África hay bebidas gaseosas que llevan hidroxicloroquina que sirven “para prevenir que lo piquen los zancudos”…¡¡¿cómo?!!…fíjense bien que CAPRES no dijo que esas “bebidas medicadas” sirvan para prevenir una enfermedad transmitida por zancudos (de lo cual tengo mis dudas, pero eso que nos lo expliquen los médicos), sino para evitar “que lo piquen los zancudos”…entonces, según CAPRES, esas “gaseosas con hidroxicloroquina” ¿se utilizan en África como repelentes contra zancudos?, ¿en lugar de tomarse la gaseosa se la untan en el cuerpo?…por favor, que alguien tenga la bondad de recordarme esto cuando ya podamos ir a la playa: mandaré a comprar varias bebidas carbonatadas o gaseosas con hidroxicloroquina, así, la próxima vez que vaya a El Tunco “mataré” al menos 2 pájaros “de un tiro”: primero preparo un trago y con el resto de la gaseosa me embadurno el cuerpo para evitar que me piquen los zancudos (y de ribete quedaré con sabor dulce…y quizá esas gaseosas también sirvan para broncearte sin deshidratar la piel).

Bromas aparte, esa colección de posturas y declaraciones por parte de funcionarios de CAPRES nos muestran que, lamentablemente, de lo que más echa de menos en este país en el combate contra la pandemia es el uso de la ciencia: y mejor expongo sátiras, porque en realidad causa temor la grave impericia e incapacidad del OE (como dicen por ahí, “los errores de los gobernantes son como errores de cirujano, causan muertes”), como se acaba de advertir con la total ausencia de prevención y reacción tardía para afrontar la situación lluviosa que padecemos desde el fin de semana pasado.

Y es que, con tal incapacidad en el OE, asemeja que el país es como un vehículo de transporte público conducido por un inexperto adolescente: ¡eso es muy peligroso para todos los pasajeros!

P.D.: en la próxima colaboración les comento sobre las supercherías jurídicas de CAPRES. Son tantas que me está costando resumirlas en unas 100 páginas.

S. Enrique Anaya

El diálogo entre compañeros de profesión es altamente enriquecedor –tanto individual como colectivamente-, pues permite compartir reflexiones que coadyuvan a encontrar una mejor explicación –razonablemente posible- sobre los eventos de la realidad: entendemos mejor el universo, en todas sus facetas, tanto interior como exterior, cuando se establece un diálogo: el intercambio de opiniones y la diversidad de criterios es parte sustancial de la convivencia democrática.

Al parecer, un artículo de autoría de este servidor, publicado en la revista digital Derecho Público en El Salvador, titulado “¡QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE!” (link: https://derechopublico.org/que-alguien-me-explique/ ), motivó tal clase de diálogo, lo cual celebro:

En el referido artículo compartí, en esencia, algunas reflexiones y varias preguntas sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), dictada en el proceso de inconstitucionalidad No. 63-2020, el 22/mayo/2020, a través de la cual se suspendieron los efectos del decreto ejecutivo No. 19 (DE 19) y, además, se “revivió” el decreto legislativo No. 593, del 14/marzo/2020, mediante el cual la Asamblea Legislativa (AL) había declarado estado de emergencia nacional por COVID-19.

Pues en el citado artículo, de modo resumido, planteé 6 interrogantes, la mayoría sobre el desconocimiento de la ciudadanía sobre las causas, hechos o información que utilizó la SCn/CSJ para cambiar radical y abruptamente de opinión sobre la necesidad y urgencia de una declaratoria de estado de emergencia en el país.

Para nos ubiquemos todos, permítanme recodar algunos antecedentes:

1. El 14/marzo/2020, la AL declaró estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19.
2. La vigencia de dicho decreto legislativo concluyó el 16/mayo/2020, a las 24 horas.
3. Ante ello, la Presidencia de la República (CAPRES) emitió el decreto ejecutivo No. 18 (DE 18), declarando estado de emergencia nacional.
4. Varios ciudadanos presentaron demandas de inconstitucionalidad contra el citado DE 18, lo que motivó que la SCn/CSJ, el 18/mayo/2020, dispusiera la  suspensión cautelar de los efectos del DE 18, sin reparo alguno en dejar al país sin emergencia nacional declarada.
5. CAPRES reaccionó emitiendo el DE 19, por el cual se derogaba el DE 18 pero se volvía a decretar estado de emergencia nacional.
6. Frente a tal situación, la SCn/CSJ hizo un radical y abrupto giro de 180 grados en su criterio, ya que ante el intento de CAPRES de burlar la medida cautelar, el tribunal, en resolución del 22/mayo/2020, si bien acuerda suspender los efectos del DE 19, resultó -sin mencionar evidencia científica alguna y sin exponer cambios en las circunstancias fácticas-, que la declaratoria de emergencia nacional es –amén de necesaria, idónea y razonable- tan urgente, tan imperiosa, que simultáneamente con la medida cautelar, la SCn/CSJ decide “resucitar” el DL 593.
7. Entonces, en el artículo pedía que alguien me explicara sobre los motivos por los cuales la SCn/CSJ cambió, en apenas 4 días, de criterio: lo que no era ni necesario ni urgente el 18/mayo/2020 se convirtió en una medida ineludible e inexorable.

Pues esas reflexiones motivaron al abogado Gilberto Solís a proponer una respuesta a una de mis preguntas, así que agradezco que dicho esfuerzo de diálogo (que tanta falta hace en el país), el cual se refleja en un artículo publicado en la revista digital https://duralexsv.wordpress.com/2020/05/24/un-texto-sobre-revivir-a-los-muertos-y-las-uvas-verdes/, en el cual amable y cordialmente plantea una eventual respuesta a la reconstrucción de algunas mis preguntas.

Expone el abogado Solís que pregunté “¿por qué la Sala decidió 4 días después de suspender la vigencia del Derecho Ejecutivo 18 y no revivir nada, suspender después el Decreto Ejecutivo 19 (que era igual al Decreto 18) y en esta ocasión si decide revivir el Decreto de Emergencia Nacional?”.

En puridad, ello constituye una reconstrucción de mis preguntas, pues nunca reflexioné sobre los motivos por los cuales la SCn/CSJ decidió otorgar vigencia a un decreto legislativo ya derogado (el DL 593), pues tal interrogante quizá resulte fútil si conociéramos los motivos para el cambio de criterio, que es lo que me parece más relevante: ¿por qué el estado de emergencia no era ni urgente, ni necesario, ni idóneo, ni razonable el 18/mayo/2020, pero 4 días después, sin indicar cambio de criterio o modificación de las circunstancias, el estado de emergencia adquiere todas esas características?

Pero la reconstrucción de la pregunta es una circunstancia nimia, porque el colega sí plantea una eventual respuesta a alguna de mis interrogantes y, al respecto, es sumamente interesante los planteamientos que nos comparte, pues en esencia expone:

1. Primero, que no sabemos y quizá nunca sepamos los motivos reales de la SCn/CSJ para dictar la resolución del 22/mayo/2020, pues con franqueza que se agradece nos dice que “Para dar una respuesta a la pregunta del abogado Anaya, especularé porque como es evidente no soy magistrado de la Sala, no trabajo en la Sala y no conozco las posibles “verdaderas razones”, o incluso no sé si existan esas “verdaderas razones”. 
2. Segundo, nos propone, como especulación, como eventual motivación o causa de la resolución de la SCn/CSJ, una explicación de ejercicio de política coyuntural u ocasional por parte de la SCn/CSJ, esto es, nos plantea –en esencia- un tribunal operando con el método puramente político, cuya decisión se determinó por apreciaciones de conveniencia y consideraciones de tiempos políticos (como es la aprobación de la ley), pues con  naturalidad nos expone: “Mi especulación es la siguiente: la Sala inicialmente pensó que no era necesario revivir el Decreto de Emergencia Nacional puesto que el mismo día que ella suspendiera la vigencia del Derecho Ejecutivo 18 (lunes 18 de mayo), la Asamblea tenía que discutir sobre la prórroga del Decreto de Emergencia Nacional y hasta ese momento no existía un grave riesgo a los Derechos Fundamentales de la población, puesto que existía una probabilidad grande (o esa era la percepción) que se prorrogara ese Decreto de Emergencia Nacional”; y, añade: “Sin embargo, al ver la Sala que habían pasado 4 días donde estábamos en pandemia y no había Estado de Emergencia y que la Asamblea Legislativa no prorrogó el Decreto de Emergencia Nacional y el Ejecutivo emitió un Decreto igualmente inconstitucional que el Decreto que ya habían suspendido la Sala, por dicha circunstancia la Sala decide revivir de una vez por todas el Decreto de Emergencia Nacional, esto en atención a que tanto el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no se ponían de acuerdo para proteger los Derechos Fundamentales de la población, considerando la Sala que revivir ese muerto, es decir, el Decreto de Emergencia Nacional era idóneo, necesario, proporcional en sentido estricto y de carácter urgente para no dejar desprotegida a toda la población en medio de la pandemia”.

Muy interesantes los temas que nos propone el abogado Solís, que trascienden las preguntas que este servidor formuló (limitadas a la necesidad de conocer las motivaciones de un abrupto cambio de criterio en un caso concreto), ya que los planteamientos del colega nos remite a 2 de las grandes problemáticas sobre el funcionamiento y operatividad de la SCn/CSJ:

• Primero, ¿es legítimo que el tribunal que decide en definitiva sobre disputas constitucionales no haga explícitas las verdaderas razones de una decisión? El abogado Solís nos expone que NO conocemos las “verdaderas razones” y que, por ello, cualquier respuesta sobre la motivación real de la decisión de la SCn/CSJ es meramente especulativa.
• Segundo, ¿es legítimo que para adoptar sus decisiones el tribunal recurra, antes que al método jurídico, a consideraciones estrictamente de política coyuntural u ocasional?  La especulativa razón de la decisión de la SCn/CSJ que nos expone el abogado Solís sería motivo de altísima preocupación, pues nos presenta a una SCn/CSJ que decide “pensando” que el día de la emisión de su resolución se emitirá una ley que le evitará adoptar una decisión en otro sentido o matizarla, o –lo que sería terrible- una SCn/CSJ que resuelve sobre la base de percepciones y no con fundamento en evidencias o pruebas.

Agradezco mucho al abogado Solís por este diálogo, y debo confesar que su artículo me deja más tribulaciones (así sucede muchas veces al reflexionar en grupo…y no es culpa de él), ya que, por un lado,nos confirma que no sabemos los motivos reales de la decisión de la SCn/CSJ; y, por otro lado, nos propone una explicación especulativa (no queda de otra) de una SCn/CSJ condicionada en su actuar, no por la aplicación razonable y prudente de la Constitución, sino por consideraciones políticas coyunturales y meras apreciaciones. 

Así que, para terminar, a partir de lo expuesto por el abogado Solís, como desconocemos los motivos reales de la decisión de la SCn/CSJ y –según él nos plantea- es posible hasta especular que aquellos fueron meramente políticos y no estrictamente jurídicos (personalmente no me atrevo a conjeturar al respecto), utilizo la fábula a la que hace referencia en su artículo, en el sentido que, en razón de tales circunstancias, como desconocemos si los motivos de la resolución de la SCn/CSJ son uvas o bayas venenosas, no sabremos si la astuta zorra que desistió de alcanzar el fruto lo hizo por grosera soberbia o por sabia prudencia.

P.D.: Seamos claros: en la resolución del 22/mayo/2020, la SCn/CSJ no utilizó la técnica de la reviviscencia (que es una herramienta jurídica de justificación, condicionamientos y límites muy precisos), ni la aplicó analógicamente (eso es confundir los efectos con el contenido), ni es relevante que la ”re-vivificación” se hiciere con motivo de una medida cautelar. Y también seamos francos: lo que hizo la SCn/CSJ en dicha resolución no fue resucitar una ley ya extinguida, sino reproducir el texto legal de una ley inexistente. Así que, expuesto gráficamente, la SCn/CSJ no hizo ningún milagro, sino que por generación espontánea engendró un nuevo producto normativo; esto es, la SCn/CSJ, simple y llanamente, legisló por iniciativa propia, apropiándose de funciones legislativas. Pero esto es materia de otro artículo y, además…mmm….creo hay algunos que no están listos para esa conversación.

Mediante la resolución del 22 de mayo pasado, pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad 63-2020, la Sala de lo Constitucional suspendió los efectos del Decreto Ejecutivo No. 19 (del 19 de mayo de 2020). En dicho decreto el presidente de la República había declarado el Estado de Emergencia Nacional en todo El Salvador.

En la misma resolución, la Sala de lo Constitucional revivió (mediante la figura de la reviviscencia) el Decreto Legislativo No. 593 (del 14 de marzo de 2020) mediante el cual la Asamblea Legislativa había declarado con anterioridad el mismo Estado de Emergencia Nacional (figura recogida en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres). La reviviscencia es una figura mediante la cual un tribunal “reincorpora” al ordenamiento jurídico una norma cuya vigencia ya se había extingido. Al respecto, ver: Reviviscencia y medidas cautelares: una aplicación analógica de Efraín Arévalo.

El DL 593 tuvo una vigencia inicial de 30 días y fue prorrogado sucesivamente por otros 4 días (hasta el 16 de abril) por medio del DL 622, por otros 15 días (hasta el 1 de mayo) por medio del DL 631 y, finalmente, por otros 15 días (hasta el 16 de mayo) por el DL 634.

Los términos de la reviviscencia del DL 593 ordenada por la Sala de la Constitucional tiene 2 implicaciones sobre la vigencia de otras normas:

1. Activa otras normas cuya vigencia depende expresamente de la vigencia del DL 593 o de la existencia del Estado de Emergencia. Ese es el caso de los DL 603, 604, 605, 613 y 616. Es decir, al revivir el DL 593, estas normas también vuelven a estar vigentes.
2. No revive las reformas al DL 593 hechas mediante los siguientes decretos:
   • DL 599 que contiene una reforma del art. 9 del DL 593 que, entre otras cosas, estableció excepciones a la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos y procesos judiciales. Es en esta reforma en la que se excluyeron de la suspensión de los plazos judiciales “los procesos a que se refiere la Ley de Procedimientos Constitucionales promovidos en el marco de esta emergencia”. Es decir, incluyendo el proceso en que se emitió la resolución que revivió el DL 593. Dicho de otro modo: los plazos de estos procesos constitucionales habían sido suspendidos mediante el DL 593, pero fueron reactivados por la reforma del DL 599. Sin embargo, como se ha dicho, la resolución de la Sala no revive la reforma sino solo el DL 593 en su contenido original. Esa problemática quedó temporalmente resuelta por el DL 644 (del pasado 16 de mayo), en que se amplió la suspensión de los plazos procedimentales y judiciales pero hasta el día 24 de mayo. En tal sentido, a partir de este lunes 25 de mayo se “reactiva” la regla original de suspensión de plazos del art. 9 del DL 593.
   • DL 606 que introdujo 2 reformas distintas al DL 593 que también han quedado sin vigencia:
     • 1. activó “mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional” y declaró exenta de derechos arancelarios y demás tributos la importación de ayuda humanitaria.
     • 2. Autorizó la aplicación temporal de los “Lineamientos Específicos para Compras de Emergencia” para contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas con la pandemia por COVID-19. Es decir, el régimen de compras al margen de la LACAP.

Dada la natural incertidumbre o confusión respecto de la normas vigentes en este momento, cabe hacer tres aclaraciones más respecto del derecho de crisis ç:

1. No está vigente ningún régimen de excepción constitucional o de suspensión de derechos.
2. Continúa vigente hasta el 6 de junio el Decreto Ejecutivo No. 26 que contiene las Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19 y en el que se regula la cuarentena domiciliar (o resguardo domiciliar, como le llama el decreto).
3. Además del ya mencionado DE 19, tampoco está vigente el Decreto Ejecutivo No. 18, pues también es objeto de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que suspendió sus efectos y, además, fue posteriormente fue derogado mediante el mismo DE 19.

La siguiente infografía preparada por nuestra columnista Mayra Brito resume lo antes explicado:

S. Enrique Anaya Barraza.

El viernes recién pasado (22/mayo/2020), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) concedió gratuitamente (utilizo el vocablo en la segunda acepción según el diccionario de la RAE) la extensión de poderes extraordinarios a un órgano estatal: en efecto, sin petición y sin hacer mención de evidencia fáctica, la SCn/CSJ “concedió” al Órgano Ejecutivo, al menos hasta el 29/mayo/2020, un “nuevo” estado de emergencia por la pandemia COVID-19, así que ahora el Órgano Ejecutivo está legalmente autorizado –de nuevo- para gastar fondos públicos a través de contrataciones y adquisiciones directas, sin licitación.

Cuento brevemente los antecedentes y contexto:

• El 14/marzo/2020, la Asamblea Legislativa (AL) promulgó el decreto legislativo No. 593 (DL 593), mediante el cual se decretó “estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19”, por el plazo de 30 días.
• El DL 593 fue prorrogado en varias ocasiones, la última vez por decreto legislativo No. 634, del 30/abril/2020, disponiendo que sus efectos concluirían el 16/mayo/2020.
• Pues llegada esa fecha (16/mayo/2020) no se acordó otra prórroga, así que se extinguió el estado de emergencia declarado en el país.
• Ante tal circunstancia, la Presidencia de la República (CAPRES), por Decreto Ejecutivo No. 18 (DE 18), del 16/mayo/2020, decretó estado de emergencia por el plazo de 30 días, contados a partir de ese mismo día, así como disposiciones adicionales, en su mayoría de naturaleza estrictamente administrativa (no se trata, pues, de normativa esencialmente sanitaria), con especial énfasis, en esencia, en la posibilidad de hacer gastos, compras y contrataciones directas, sin licitación.
• Frente a tal actuación de CAPRES, desde el 17/mayo/2020, varios ciudadanos e, incluso, el Fiscal General de la República (FGR) presentaron demandas de inconstitucionalidad contra el DE 18, planteando –en esencia- que la declaratoria de emergencia dispuesta por CAPRES constituye una invasión o usurpación de las funciones de la AL.
• El 18/mayo/2020, la SCn/CSJ admitió al menos 2 de las demandas de inconstitucionalidad contra el DE 18 y, de modo relevante, en el proceso de inconstitucionalidad No. 63-2020 decretó medida de suspensión cautelar de los efectos de dicho decreto ejecutivo, mientras se tramita el proceso.
• La justificación de la citada medida cautelar fue, por un lado, que si CAPRES había ejercido funciones legislativas, ello “representaría una amenaza al propio sistema democrático garantizado mediante el principio de separación orgánica de funciones”; y, por otro lado, que la pandemia por COVID-19, “a la fecha, puede ser atacada y contenida en muchos aspectos por medio de otros instrumentos legales aprobados desde su inicio –aún vigentes– y con disposiciones específicas del Código de Salud (por ejemplo, los arts. 136, 139 y 140)”.
• De tal resolución es esencial destacar sus efectos: (a) desde el 18/mayo/2020, en El Salvador ya no existía declaratoria de estado de emergencia; y, (b) la SCn/CSJ aseveró, expresamente, que el combate contra la pandemia puede hacerse a través de “otros instrumentos legales”, no necesariamente a través de un estado de emergencia declarado por la Asamblea Legislativa.
• Conocida la resolución judicial, CAPRES hizo una descomunal rabieta, despotricó públicamente contra los magistrados de la SCn/CSJ, así que el 19/mayo/2020 emitió el decreto ejecutivo No. 19 (DE 19), derogando el DE 18 y limitándose a declarar estado de emergencia.
• La crítica ciudadana y académica contra el DE 19 fue prácticamente unánime, pues fue evidente el propósito de CAPRES de burlar la medida cautelar decretada por la SCn/CSJ: desde el mismo 19/mayo/2020 existió una numerosa y sólida crítica contra la acción de CAPRES, y así se mantuvo durante la semana.
• Frente a ello, el 22/mayo/2020, por la noche, la SCn/CSJ hizo un giro de 180 grados en su análisis y, en lo parece un estéril esfuerzo de equilibrio, dictó una resolución contradictoria en sí y con sus previas decisiones –esto es, tanto interna como externamente-.
• En efecto, la SCn/CSJ dispuso, el 22/mayo/2020, en esencia: (a) que se suspenden los efectos del DE 19 (pues al fin y al cabo tiene la misma “vocación normativa” del DE 18); y, (b) de oficio, sin petición alguna, la SCn/CSJ decide revivir el DL 593 y, en consecuencia, adquiere vigencia, por 7 días, el estado de emergencia decretado desde el 14/marzo/2020.

Es altamente llamativo que la SCn/CSJ gire 180 grados en su análisis y, contradiciendo frontalmente su expresa postura de hace apenas 4 días, ahora guarda silencio sobre la existencia y vigencia de “otros instrumentos legales” que pueden servir para el combate contra la pandemia y, así, desde el 22/mayo/2020 resulta -según la SCn/CSJ pero sin hacer mención de evidencia fáctica o científica alguna- que el país no puede quedar “sin una emergencia nacional declarada” y, en derivación de ello, la SCn/CSJ, por iniciativa propia, revive, por 7 días (hasta el 29/mayo/2020) el estado de emergencia primigeniamente dispuesto por el DL 593.

Con esa reviviscencia normativa, en realidad, a efectos prácticos, la SCn/CSJ autorizó al Órgano Ejecutivo, en esencia, para que pueda continuar gastando fondos públicos a través contrataciones y adquisiciones directas, sin licitaciones (forma de operar que había quedado en suspenso desde el 18/mayo/2020, al grado que si un funcionario autorizaba  gastos en esas condiciones, podría afrontar responsabilidad penal, patrimonial y administrativa, pero ahora, con la resolución de la SCn/CSJ, ya pueden retomar la práctica previa de compras directas, al menos hasta el 29/mayo/2020).

Sobre la resolución de la SCn/CSJ, el punto que más llama a reflexión no es el MAL USO de la técnica de la reviviscencia normativa, pues se trata de una muy conocida herramienta jurídica que tiene equivalentes procesales en otros sistemas jurídicos desde hace más de 100 años, y que en el país, la SCn/CSJ la ha utilizado desde 1989, en concreto, desde la sentencia del 3/mayo/1989, dictada en el proceso de inconstitucionalidad No. 3-1988 (hace, pues, ¡más de 30 años!): pero ese tema, por su amplitud, es para otro artículo…solo se anticipa que la utilización que de la técnica de la reviviscencia normativa se ha hecho en la resolución del 22/mayo/2020 no coincide, ni con la previa jurisprudencia de la SCn/CSJ, ni con las experiencias constitucionales de otros países, sino que más bien se ha se distorsionado la figura, conduciendo a un resultado contraproducente.

Lo que más llama a reflexión en la resolución de la SCn/CSJ, del 22/mayo/2020, dictada en el proceso de inconstitucionalidad No. 63-2020, son sus AUSENCIAS y sus CONTRADICCIONES, entre ellas:

• ¿qué causó que la SCn/CSJ cambiara tan radicalmente de opinión -180 grados – en apenas 4 días? Y es que al 18/mayo/2020, la SCn/CSJ decía que existen “otros instrumentos legales” para el combate contra la pandemia y, en cambio, al 22/mayo/2020, la declaratoria de estado de emergencia es un elemento indispensable e ineludible para tal combate, al grado que revive un texto legal derogado (no cuestionado en el proceso de inconstitucionalidad No. 63-2020) y, así, gratuitamente concede poderes extraordinarios a CAPRES y, en general, al Órgano Ejecutivo.
• ¿qué información o evidencia sobre el desarrollo de la pandemia obtuvo la SCn/CSJ en estos 4 días?  Tengamos en cuenta que desde el mediodía del 18/mayo/2020 hasta inicios de la noche del 22/mayo/2020, esto es, durante poco más de 4 días, en el país no existió emergencia nacional declarada, y no se conocen, al menos públicamente, datos que nos indiquen un radical cambio de la situación sanitaria o agravamiento importante de la tendencia, ni tampoco se conoce de la intención de adoptar nuevas medidas sanitarias generalizadas (las que, en realidad, prácticamente se reducen a un confinamiento domiciliario obligatorio), así que se desconoce sobre qué base fáctica adoptó la SCn/CSJ tan trascendental cambio de criterio, no sabemos cuáles fueron las circunstancias sanitarias que motivaron tal bandazo jurisprudencial.
• ¿sobre qué evidencia científica estima la SCn/CSJ que la declaratoria de estado de emergencia es, actualmente, una condición indispensable e ineludible para el combate contra la pandemia? Nada se dice al respecto en la resolución del 22/mayo/2020, sino que únicamente se formulan frases genéricas, sin mención de fuente, con la sorpresa que ahora la SCn/CSJ adopta en el lenguaje de la resolución, un tono de inquietud y zozobra, al extremo que –para perplejidad de quien suscribe- riñe o regaña con ímpetu a la AL, aseverando que le “resulta difícil imaginar la existencia de funcionarios públicos y en particular de diputados de dicho órgano estatal que carezcan de fuentes de información como para no enterarse de lo grave de la situación y de lo indispensable que es adoptar una actitud de compromiso serio en la protección de los derechos de las personas”.
• ¿qué hechos nuevos imponen que ahora –al 22/mayo/2020- la declaratoria de emergencia sea urgente, idónea, adecuada y razonable? Apenas hace 4 días, el 18/mayo/2020, la SCn/CSJ decretó la suspensión cautelar de los efectos del DE 18, y en ese momento no tuvo ningún reparo que no existiera declaratoria de emergencia nacional, pero hoy resulta que, después de que el país ha pasado 4 días sin tal declaratoria, y sin conocimiento público de cambios trascendentales en las circunstancias de la situación sanitaria, lo que hace 4 días no hacía falta, ahora es tan imperioso, tan inexcusable, que sin que nadie lo pida en el proceso, la SCn/CSJ revive una declaratoria de emergencia ya derogada, y gratuitamente concede a CAPRES la oportunidad de continuar con compras y adquisiciones directas, sin licitación.
• ¿por qué ahora la declaratoria de emergencia es idónea para la protección de la vida y la salud? El DL 593 que ha revivido la SCn/CSJ es una declaratoria de estado de emergencia que, en su mayoría, contiene disposiciones de naturaleza administrativa y no sanitaria, al grado que partir del 18/mayo/2020, con la medida cautelar emitida en el proceso de inconstitucionalidad No. 63-2020, la SCn/CSJ no tuvo inconveniente alguno en dejar al país sin emergencia nacional declarada, y así estuvimos por 4 días, pero ahora resulta que, por hechos que desconocemos, la declaratoria de emergencia es la medida idónea y adecuada para proteger la vida y la salud de las personas (no la cuarenta domiciliaria, no el distanciamiento físico, no el lavado de manos, no la mascarilla, etc….según la SCn/CSJ, la declaratoria de emergencia nacional es la medida idónea contra la pandemia)
• ¿sobre la base qué hechos y datos la SCn/CSJ dispone la declaratoria de emergencia? De modo altamente contradictorio, la SCn/CSJ asegura que a ella “no le corresponde afrontar una pandemia, sino solo, y en el marco de sus competencias, controlar que en el combate a ella se respete el Estado de Derecho y, a la vez, se tutelen o protejan los derechos fundamentales que posee toda la población”, pero es la misma SCn/CSJ la que, en realidad, al revivir el DL 593 decreta el estado de emergencia nacional, porque lo considera una medida urgente, idónea, necesaria y urgente.

Como pueden ver, la resolución de la SCn/CSJ, del 22/mayo/2020, pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad No. 63-2020 nos deja duda, inquietud y desazón en esta crisis: ¿qué sucedió, o de que se enteró o le informaron a la SCn/CSJ, para que cambiara tan radical y súbitamente de criterio en escasos 4 días?  ¿qué pasó para que lo que no era indispensable hace 4 días –el estado de emergencia nacional- ahora es inexorable, ineludible e impostergable, al grado que se dicta por iniciativa propia de la SCn/CSJ?  ¿por qué los ciudadanos nos hemos sido informados de los hechos que motivaron tan drástico cambio de criterio de la SCn/CSJ?

Esta situación me hace recordar lo que me decía –palabras más, palabras menos- uno mis maestros de derecho constitucional: “Chaval…cuando leas y analices una resolución o una sentencia judicial, y sobre todo en materia constitucional, no te fijes tanto en lo que está escrito, fíjate en lo que no está escrito…en las ausencias y en las contradicciones, pues ahí están los verdaderos motivos de la resolución o sentencia”.

Entonces, como la resolución de la SCn/CSJ me provoca tantas interrogantes y tribulaciones, y el tribunal no nos dijo por qué cambió radical y súbitamente de opinión, por favor, humildemente pido a los lectores de esta reflexiones: ¡que alguien me explique!

Para terminar, es sumamente importante el llamado que hace la SCn/CSJ –como lo viene haciendo desde hace más de 2 meses-, en el sentido que CAPRES y la AL, sin renunciar a sus específicos campos de decisión, unan esfuerzos para procurar “los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes en esta pandemia”: y es que es claro que la incertidumbre jurídica provocada, por un lado, por la ausencia de vigencia de leyes formales  que aborden esta problemática y, por otro lado, la emisión de decretos ejecutivos sin respaldo legal, no coadyuvan al combate contra la pandemia.

Ahora bien, la trascendencia y conveniencia de un urgente y necesario acuerdo político –quizá el punto más relevante en esta coyuntura- no debe hacerse a espaldas de la ciudadanía, sino que estipularse políticamente sobre la base de la transparencia y de cara al público, pues, como acertadamente señala la organización chilena Ciudadanía Inteligente en su reciente informe sobre transparencia en América Latina sobre la pandemia COVID-19:

“Comunicar los datos relativos al impacto de la pandemia de COVID-19 de manera transparente es una potente herramienta para implementar de mejor manera las políticas para su combate. Por un lado, es útil para que la sociedad civil, las comunidades científicas y de expertos en políticas públicas puedan evaluar las medidas tomadas y hacer recomendaciones basadas en evidencia. Por otra parte –y tal vez más importante que lo anterior- es una poderosa herramienta para que los gobiernos puedan explicar de manera fundamentada las medidas que toman”.