Mayra Brito. Estudiante de derecho. ESEN
El art. 60 inc. 2º de nuestra Constitución dice que en todos los centros docentes será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, pero parece que es letra muerta porque últimamente pareciera que se ha puesto de moda tergiversar el tema de la reforma constitucional, el cual tiene profundas raíces en nuestra historia nacional. Es muy preocupante que muchos “profesionales”, políticos y ciudadanos estén cuestionando la validez de una norma que impide la reelección presidencial y apoyan una reforma, por mucho absurda, que permita la reelección en el poder. A mi criterio, esas intervenciones han sido irresponsables y patéticamente desinformativas; no es correcto que los “profesionales” se aprovechen de la desinformación para sembrar ideas que pueden desembocar en una ruptura del orden constitucional.
Supongamos que es posible la reforma constitucional respecto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia (aunque ya sabemos que NO se puede), pero ¿qué tan viable es? La respuesta es que no, no es viable por una simple razón: la historia nos ha demostrado que permitir que se perpetúe una persona o un grupo en el poder no es la decisión más inteligente. Al parecer, no nos bastó vivir dictaduras militares que desembocaron en una guerra civil que duró 12 años y de la cual nos seguimos recuperando para comprender que el sistema democrático es el mejor para administrar un Estado. Estimado lector ¿realmente vale la pena arriesgarse y entregarles las llaves a los gobernantes populistas para que se perpetúen en el poder? Creo que la respuesta es clara, los riesgos y costos de oportunidad son muchísimo más altos que los beneficios que pueda reportar, el abuso del poder cambia de forma y resulta que cada novedad es aún más lesiva que la anterior.
Es tan evidente que en América Latina el riesgo actual a las democracias incipientes es muy alto: empieza con populistas que hablan bonito, que te hacen creer en que pueden bajar el cielo y las estrellas, después se pintan a sí mismos como el ser que tiene la solución a todos los problemas, mientras va destruyendo la credibilidad de las otras instituciones y desacredita a sus oponentes atacándolos por aspectos personales. Además, evita la transparencia y repite continuamente que todo está bien, que hay que creerle. La ciudadanía adormecida le cree todo y es aquí cuando aprovecha para quitar derechos bajo la justificación que “es por el bien de todos”. Cuando ya tiene todo el poder concentrado “saca las garras” y se consolida en el poder. ¿Parecido con la realidad? No es coincidencia, la historia nos ha demostrado que cambia el método, pero no el objetivo.
Por ahí alguien preguntó ¿qué por qué los Magistrados y Diputados se podían reelegir y por qué el presidente no? Reitero, la respuesta nos la da la misma historia política salvadoreña: hemos vivido en dictaduras maquilladas de democracias, con textos constitucionales espectaculares, pero que no son más que eso: letra impresa. Creo que en este punto vale la pena hacer un recordatorio de los hechos históricos que justifican una cláusula pétrea, y es que desde 1931 hasta 1979 El Salvador vivió dictaduras militares donde el pueblo estaba sometido, le quitaron su libertad, sus derechos políticos, su capacidad de expresarse y cuando un militar “aburría” venía un golpe de Estado y con ello una Junta Revolucionaria de Gobierno que asumía el poder mientras llegaba otro autoritario con ideas “agradables” para el sector político que estaba del mismo lado que la Fuerza Armada. ¿Cuál era el discurso común entre los presidentes de la época? El mismo que el de los populistas y si no les gustaba hacían que los respetaras y para ello tenían mecanismos de tortura, desapariciones forzadas, muertes a los “revolucionarios” o “desobedientes”.
En ese contexto muchos presidentes nos robaron, intentaron eliminar nuestras raíces étnicas y hasta eliminaron la diversidad bajo el argumento que “era lo mejor para la Patria”. Lo irónico de todo esto es que a pesar de la existencia de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa los militares hacían lo que quería porque eran “Órganos pantalla”, que se caracterizaban por tener funcionarios nombrados por los mismos presidentes ¿Para qué? Para que los dejaran hacer lo que quisieran y si alguno pretendía ejercer un verdadero control lo silenciaban, imagine usted cómo…
¿Ahora comprenden por qué es tan aberrante pensar en volver a esas épocas donde una sola persona controlaba los tres órganos fundamentales y se perpetuaba en el poder? ¿comprende por qué tanto escandalo por el 9F que se resume en la toma MILITAR de un Órgano del Estado?
¿Quieren otro dato histórico?: cuando a los gobernantes de turno no les gustaba la Constitución hacían una que se les ajustara más, es por ello que nuestra historia republicana está marcada por 14 Constituciones, sí 14. Ahora, plantear el argumento que “otros países si permiten la reelección de presidente” es absurdo e irresponsable porque cada país tiene condiciones democráticas que atienden a su propio contexto histórico, incluso en América Latina somos diferentes en muchos aspectos y ni siquiera entre nosotros somos comparables. Por favor, antes de proponer esta clase de disparates estudiemos la historia, los antecedentes constitucionales, comprendamos mejor la razón de ser de las cláusulas pétreas y por respeto evitemos seguirles el juego a los aprendices de dictador.
Estimados promotores de la reforma constitucional: qué les parece si antes de hablar de una “restructuración del Estado” mejor proponemos reformas al sistema educativo, exigimos el cumplimiento de la normativa constitucional, promovemos la formación democrática, les enseñamos a nuestra gente lo que sí dice la constitución, le explicamos con palabras sencillas lo que sí dice la jurisprudencia constitucional, promovemos la transparencia, la rendición de cuentas y una vez que cumplamos todo eso, nos planteamos una reforma.
Los inquilinos de CAPRES son fieles creyentes y principales promotores de la reforma constitucional, pero ¿cómo se les ocurre hablar de reforma constitucional cuando su gobierno se ha caracterizado por los discursos de descalificación hacia los otros órganos, la oposición y todo aquel que critique o señale los errores; cuando no rinde cuentas de la forma establecida, cuando no es transparente y hace todo lo posible por no entregar información PÚBLICA? Desconfío de esos intentos de tocar el cuerpo constitucional, considerando que el equipo “jurídico” de la Presidencia hace todo por justificar las ideas de su jefe.
Ahora bien, los ciudadanos no estamos exentos de responsabilidad y antes de promover que el inquilino de CAPRES se perpetúe en el poder y “elimine” a la Asamblea Legislativa y al Órgano Judicial, específicamente a la Sala de lo Constitucional, debemos comenzar a exigir que solo los que cumplen el perfil constitucional sean los candidatos a los cargos públicos, y sí dentro de este perfil esta la INSTRUCCIÓN Y HONRADEZ NOTORIA, ello implica que nos demos a la tarea de buscar el CV del candidato, analizar su experiencia y determinar si tiene las cualidades técnicas y éticas para desempeñarse en el cargo. El día en que el ciudadano comprenda que hablar bonito, ser “influencer”, el más cool, NO lo hace apto al cargo nos ahorraremos muchas discusiones, comenzaremos a erradicar la corrupción y nos ahorraremos muchos millones de dólares que podrán ser invertidos en educación y salud. Pero, mientras sigamos eligiendo funcionarios sobre la base del “voto de castigo”, del aspecto físico o por lo “bonito que habla” seguiremos atando las cadenas históricas de la corrupción, incompetencia y mediocridad que ha caracterizado a nuestra patria y que es una de las razones principales del subdesarrollo.
En conclusión, en este escenario nefasto tenemos dos responsables: (i) los políticos y “profesionales” promotores de las locuras del aprendiz de dictador que se aprovechan de la desinformación de la ciudadanía para cambiar al mismo sistema que les permitió acceder al poder y (ii) los ciudadanos, quienes tienen el deber y la responsabilidad de elegir a los mejores perfiles (técnicos y éticos) para ejercer un cargo público. Necesitamos garantizar el sistema democrático, el cual nos hace libres y nos reconoce derechos que nos han costado más de 12 años de sufrimiento y sangre de miles de personas, procuremos mantener viva la memoria histórica para que se repita una nueva era de dictaduras, secretismo y corrupción.
