S. Enrique Anaya Barraza
Van a disculpar que me despoje de mi calidad de abogado y hoy asuma, francamente, el papel de simple ciudadano indignado frente a la grosera incapacidad y negligencia de nuestras autoridades gubernamentales, las que por acción o por omisión, insisten en colocar en riesgo de contagio a nuestros connacionales, sobre todo a los más pobres.
En principio, comparto la mayoría de las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno salvadoreño para intentar que la pandemia por COVID-19 se extienda en el país, incluso, una cuarentena generalizada: ahora bien, dicha medida –la de mayor rigor e impacto- debió diseñarse y ejecutarse de modo tal que los ineludibles efectos negativos no colocaran a la población en situación de mayor riesgo sanitario y de incertidumbre económica.
Lamentablemente, el diseño y ejecución de la cuarentena domiciliar en todo el país se ha mostrado en la realidad, para los más pobres, en un sonoro fracaso.
Veamos algunos hechos:
Primero, se ordena, por la noche del 21 de marzo de 2020, sin la debida anticipación, una cuarentena domiciliar para todo el país (en lugar de zonas específicas), y se ordena por el Presidente de la República que prácticamente se paralicen las actividades no esenciales. ¿Quiénes son los más afectados? Los pobres, aquellos que viven a “coyol quebrado, coyol comido”, pues ya no pueden salir a la calle a rebuscarse como sobrevivir.
Segundo, como parte de ejecución de la cuarentena, el Presidente de la República ordena, ¡sin ninguna base legal!, que toda persona que circule en la vía pública sin justificación (y esto, a consideración de un policía o de un soldado) sea detenido y llevado a centros de contención de la pandemia. ¿Quiénes son los más afectados? Otra vez, los pobres, pues algunos ni siquiera se enteraron de la orden y, en otros casos, las necesidades cotidianas hace que las personas deban salir a la calle. A consecuencia de tan inhumana e ilegal orden, en apenas 5 días se habían detenido a más de ¡700 personas!, conduciéndolas a bartolinas o a supuesto centros de contención, colocándolas en riesgo de contagio. Y seamos francos: si la Policía Nacional Civil (PNC) proporcionara la información, ¿se imaginan de qué zonas o áreas son la mayoría de las personas ilegalmente detenidas? ¿se pueden imaginar el nivel socio-económico de la absoluta mayoría de las personas ilegalmente detenidas?
Tercero, en un supuesto intento de ayudar a las personas directamente afectadas por la cuarentena, el Gobierno comunica que entregará $300.oo a cada familia y que lo hará en una semana, pero, en la realidad, la pésima implementación del método para la entrega del referido subsidio hace que cientos de personas salgan a la calle desde el sábado 28 de marzo de 2020, agravándose la situación el lunes 30 de marzo, cuando en todo el país se forman aglomeraciones de miles de personas. ¿Quiénes son los más afectados? Una vez más, los pobres, quienes por la incapacidad de gestión y ejecución por parte de las autoridades estatales, se ven constreñidos a llegar de madrugada (o desde la noche anterior) en centros de información, a formar largas filas, a establecerse grandes aglomeraciones, colocándolos en riesgo de contagio y, además, la ayuda no se entrega, se manda a los antimotines de la PNC a disolver los grupos e, incluso, en algunos lugares, se rocía gas pimienta.
Todo eso nos demuestra, por un lado, unos gobernantes que están desconectados de la realidad diaria de la mayoría de nuestra gente; y, por otro lado, una ignorancia supina para afrontar, con realismo pero con planificación, la crisis sanitaria.
Sé que nadie estaba preparado para una pandemia de las dimensiones que se auguran, pero lo menos que podemos pedir es que no sea el propio Gobierno el que, sea por perversidad, sea por incapacidad, quien coloque en situaciones de mayor riesgo a los más pobres de este país.
Oro porque la pandemia no se ensañe con el país: sería demasiado castigo para un país que tiene a los gobernantes que tiene.