S. Enrique Anaya Barraza.
Tomo en parte el título de la primera película exitosa –tanto de crítica como de recaudación- de Steven Soderbergh para identificar algunos de los actos más relevantes, por vergonzosos, que la administración presidencial ejecutó casi al final de la semana pasada.
Primero, el irresponsable tuit del Presidente de la República durante el desarrollo de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa (AL), el 23/abril/2020, en la que, en el momento de discusión y superación de vetos presidenciales, aquel aseveró que una supuesta entidad estatal –totalmente inventada, había “detectado significativa sospecha de COVID-19 en el salón azul de la Asamblea en estos momentos”.
No se hicieron públicos los motivos para semejante aviso y, sobre todo, nunca se mostraron las evidencias científicas sobre las cuales una serie de funcionarios públicos pertenecientes al Órgano Ejecutivo hayan “detectado” a larga distancia una sospecha de presencia de un virus en un lugar y momento determinado: así que parece que, para la administración presidencial salvadoreña, ya no es necesario que un médico examine los síntomas de una persona, ni tampoco efectuar pruebas de laboratorio o test para detectar el virus COVID-19, sino que en El Salvador existe un desconocido método para “visualizar” el virus desde la distancia y descubrirlo en un sitio y momento determinado. Retomando palabras del Presidente de la República, “el chiste se cuenta solo”.
Segundo, me compartieron tomas de pantalla del Twitter de un programa radial de entrevistas, en la que el asesor del asesor de Casa Presidencial (CAPRES), aseguraba que el Órgano Ejecutivo está “cumpliendo a cabalidad” las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), ante lo que pensé que se trataba de un error de la persona que maneja la cuenta de Twitter del programa, ya que semejante declaración, además de faltar groseramente a la verdad, sería admitir –de modo expreso- que lo afirmado por el Presidente de la República, sosteniendo en esencia que no acataría las resoluciones de la SCn/CSJ, fue solamente una pose de mera apariencia: no creí que el asesor del asesor se atreviera en dejar públicamente en ridículo al Presidente de la República, evidenciando que lo que él diga en Twitter no es cierto.
Así que logré obtener el video íntegro de la entrevista radial al asesor del asesor y, ¡zas!, quedé perplejo cuando en efecto expresó, sin rubor, que en CAPRES “estamos cumpliendo a cabalidad las sentencias de la Sala”. ¡Wow!…vaya atrevimiento: la misma información oficial desmiente tal afirmación, pues el mismo Órgano Ejecutivo declara y reconoce (al 24/abril/2020) que 2,220 personas están restringidas en su libertad física “por violar la cuarentena”; privaciones de libertad que ya en 4 ocasiones ha declarado la SCn/CSJ que son inconstitucionales e ilegales. Así que, como ya dijo el director ejecutivo de la división de América de Human Rigths Watch (HRW) respecto de tal declaración del asesor del asesor, y siempre retomando las palabras del Presidente, “el chiste se cuenta solo”.
El problema real del tuit presidencial y de la declaración del asesor del asesor no es solamente la cuestión ética y moral de la falta a la verdad y a la lealtad, sino que este tipo de aseveraciones hacen perder la credibilidad de los funcionarios públicos, lo que es altamente preocupante durante una crisis sanitaria, cuando lo que se necesita es información soportada con evidencia científica, con razonable justificación y un margen de error aceptable, expuesta con claridad y mesura.
Así que, si bien ya sabemos que en general –como escribió George Orwell hace 75 años- la mentira es prácticamente consustancial al lenguaje político, hacer uso de aquella de modo tan burdo y ordinario durante una emergencia sanitaria es de efectos devastadores para la confianza en los funcionarios públicos, causa incertidumbre en la población (pues ya no se sabe qué creerles a los funcionarios estatales), lo que termina debilitando el sistema democrático.