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Sin innovación, datos confiables ni transparencia pública

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Laura Nathalie Hernández. Derecho y Tecnologías.

Por muchos años, el potencial de las tecnologías digitales ha pasado desapercibido en los planes y decisiones de los gobiernos de América Latina. En nuestro país, el gobierno actual propuso, en su Agenda Digital [1], el fomento de la economía digital y la transformación digital del país a través de la implementación de tecnologías para la provisión de servicios públicos más eficientes, enfatizando en la importancia de los datos abiertos, la digitalización y simplificación de los procesos.

En el contexto de la actual pandemia, sin embargo, esta agenda digital y su discurso han colisionado frontalmente con la realidad de la respuesta gubernamental a la crisis, en la que se ha desaprovechado la oportunidad de destinar recurso tecnológico que facilite el análisis, transferencia y publicidad de datos sobre COVID-19; de hecho, las carencias fueron evidentes; por ejemplo, al prestar atención a otras actividades [2], se perdió la oportunidad de innovar con soluciones tecnológicas para dar respuesta prioritaria a las necesidades de soporte a los protocolos epidemiológicos implementados por el Ministerio de Salud; asimismo, se falló en proveer de datos transparentes y fiables que sirvieran como insumos para la toma de decisiones para el gobierno y para la ciudadanía.

El confinamiento al que los salvadoreños fuimos sometidos en los últimos tres meses debió aprovecharse para prepararnos para convivir con el virus, mediante la educación y campañas para prevenir el contagio; así como para preparar la infraestructura sanitaria básica y destinar los recursos públicos que fueran necesarios para la atención, seguimiento y evaluación del avance de la pandemia. En este contexto, el Ministerio de Salud, como ente encargado de la detección, manejo y tratamiento de casos de COVID-19, pudo auxiliarse de la Secretaría de Innovación, a través de la dotación de recursos y personal técnico a la red hospitalaria, para la implementación de herramientas para controlar y evaluar la efectividad de la contención del virus a inicios de la cuarentena (marzo).

En esta alianza, la labor de coordinación, colaboración y comunicación entre entidades de salud, gobierno y ciudadanía se facilitaría mediante el trio conformado por la transparencia pública, los datos confiables y la innovación tecnológica. Ejecutados correctamente y en una secuencia lógica, donde la transparencia impulsa la producción de datos, y los datos alimentan a herramientas tecnológicas que potencian a su vez la transparencia de la información, se vuelven un conjunto valioso para la efectividad en la toma de decisiones. Los datos estadísticos solo son útiles y confiables si no han sido manipulados, si provienen de prácticas basadas en la transparencia y si se basan en métodos científicos.

Amparando esta alianza, la normativa vigente contiene facultades, derechos y obligaciones que, bien interpretada y aplicada en favor del interés público, proporcionan las herramientas para generar una respuesta institucional conjunta entre el ministerio de salud y la secretaria de innovación. Específicamente en el área de la salud, contamos con normativa base para el manejo de datos y expedientes de pacientes, así como para la implementación de medidas y protocolos para el control de epidemias.

Las decisiones basadas en datos objetivos, y observantes del marco jurídico vigente serian de utilidad, principalmente, para el Ministerio de Salud, como ente central en el manejo de la crisis sanitaria; así como también le serviría a los demás órganos con facultades legislativas y judiciales, para la evaluación de la necesidad y proporcionalidad en la adopción de medidas sanitarias, presupuestarias, o de restricción o limitación de derechos y libertades.

Transparencia y datos

La transparencia pública fortalece los sistemas democráticos fomentando la supervisión y confianza de la ciudadanía en los gobiernos. Por un lado, le permite al ciudadano acceder a la información pública, evaluar la gestión pública, y ejercer contraloría ciudadana; y por otro, se convierte en una vía que permite a los funcionarios públicos evidenciar sus acciones con datos reales, generando confianza y credibilidad en ellos, pues deja sin recursos a quienes cuestionan sus acciones y decisiones.

En ese sentido, sin transparencia no hay credibilidad en los datos. Por ejemplo, no hay evidencia que se haya tabulado, sistematizado y analizado los datos de ciudadanos en centros de contención y hospitales. La transparencia y la fiabilidad de los datos era fundamental para evaluar si las medidas fueron las adecuadas o si había que corregirlas. Aparentemente también ha habido manipulación, ocultación y mal manejo de datos y pruebas de COVID-19 [3]. Ocultar y manipular la información pública va en contra del derecho acceso a la información pública y a la ética gubernamental; en el caso de datos sobre la salud de enfermos por COVID-19 también afecta su derecho constitucional a la salud y derecho de acceso a información. En particular, constituye una falta a la ética médica pero también es una falta a obligaciones y afectación a derechos contenidos en el código de salud, ley de acceso a la información pública, ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de los servicios de salud, que podrían derivar en responsabilidad penal y violación de derechos humanos.

En principio, la cuarentena obligatoria como medida para la prevención de la propagación del virus fue una buena decisión; sin embargo, no fue bien ejecutada, pues no se definieron parámetros para la planificación de acciones estratégicas, distribución de presupuesto y para la medición de la efectividad de las medidas adoptadas. Además, el enfoque de las medidas impulsadas por el gobierno fue primordialmente punitivo, en vez de educativo, preventivo y científico; y ante la falta de transparencia y datos confiables, fundamental en tiempos de crisis, ha generado dudas sobre la capacidad de la gestión gubernamental y la efectividad de la respuesta a la crisis sanitaria actual.

Datos y Tecnologías

La principal virtud de las tecnologías es que pueden ser herramientas para la solución práctica, rápida y más efectiva de problemas, comparada con la realizada por un humano. La transparencia pública es fundamental para generar los insumos (datos) necesarios para la innovación en el sector público; en el contexto actual de esta pandemia facilitaría, por ejemplo, la identificación de las necesidades de la red de salud pública para crear o implementar soluciones tecnológicas que apoyaran la sistematización, análisis y evaluación de datos e indicadores relevantes. Con ello se generarían las estadísticas que permitan entender la evolución de la enfermedad, así como la necesidad y proporcionalidad de las medidas sanitarias (ej. establecimiento de cercos sanitarios o restricciones al libre tránsito) basada en datos científicos, tal como resolvió recientemente la sala de los constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020. [4]

La Secretaría de Innovación podría apoyar al Ministerio de Salud y a la red nacional de hospitales públicos ampliando el acceso a internet, dotando de más y mejor recurso tecnológico (dispositivos móviles, computadoras, pantallas); creando, mejorando e interconectado las bases de datos de la red de hospitales y salud pública para facilitar la transferencia, análisis y evaluación de datos sobre COVID-19.

Sin embargo, todo ello debería partir del cumplimiento al mandato de transparentar la gestión pública y la utilización de los recursos durante la pandemia, e informar con datos confiables a la ciudadanía sobre el avance o contención del virus. Sin esa información y sin el recurso tecnológico pertinente, prácticamente se ha desaprovechado la oportunidad de innovar y se le ha limitado a la ciudadanía la posibilidad de tener certeza sobre los riesgos que enfrenta al salir del confinamiento.

[1] Ver Agenda Digital https://www.innovacion.gob.sv/. Último acceso: 16 de junio de 2020.

[2] Ver https://twitter.com/Innovacion_SV/status/1246082613967826945?s=20  La Secretaria se limitó prácticamente a la impresión 3d de protectores faciales y a la creación de herramientas digitales para la divulgación de información relacionada con el coronavirus-19 y la pandemia con dudosa funcionalidad y seguridad.

[3] Ver https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24538/Entierros-con-protocolo-covid-19-en-tres-municipios-duplican-la-cifra-oficial-de-muertes.htm. Último acceso: 14 de junio de 2020.

 [4] Ver proceso de inconstitucionalidad 21-2020 acumulado. Último acceso: 13 de junio de 2020.

https://twitter.com/FabrizioMena_/status/1267515873260077060?s=20, información y datos sobre los cuales hoy se tiene dudas de su fiabilidad. Ello podría afectar el análisis y generación de estadísticas, toma de decisiones, evaluación de medidas y protocolos adoptados.

¿Qué deberíamos exigir del derecho y las políticas públicas emitidas en tiempos de crisis?

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José Marinero. Derecho administrativo y políticas públicas.

Sin transparencia, evidencia adecuada ni consideración de visiones distintas a la gubernamental, no solo se pone en riesgo el Estado de derecho, sino también la viabilidad y sostenibilidad de la respuesta nacional a la crisis no solo y, por tanto, el bienestar de todos.

A estas alturas nadie niega las dimensiones de la crisis global que enfrentamos. La Organización Mundial de la Salud reporta a esta fecha más de 571,000 personas infectadas con el Covid-19 globalmente, de los cuales más de 100,000 están en las Américas. Aunque El Salvador reporta solo 19 casos a la fecha, un factor determinante es sin duda el reducido número de pruebas realizadas. No hay datos oficiales, pero un recuento de la organización Lab-dat (@LabDatero en Twitter), hecha sobre la base de los tuits presidenciales e información divulgada de forma dosificada en las conferencias de prensa gubernamentales, El Salvador probablemente ha realizado solo unas 1200 pruebas del Covid-19 a la fecha. En la experiencia comparada de los países que están siendo exitosos en frenar la propagación del virus, el uso intensivo de las pruebas de detección ocupa un lugar preponderante en su batería de herramientas epidemiológicas. ¿Cómo se puede combatir el virus sino sabemos quién lo tiene?

La falta de información pública oportuna y las aparentes brechas de evidencia científica en manos de las autoridades encargadas de prevenir y combatir la pandemia generan una interrogante: ¿qué deberíamos exigir los ciudadanos respecto del derecho y las políticas públicas emitidas en el contexto de la crisis? No es un tema menor en razón de la rápida sucesión de normas y otras decisiones públicas que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa están produciendo en el marco de la crisis.

Dado el potencial daño que podría tener la crisis sobre la vida, la salud y la economía de los salvadoreños, todos deberíamos conocer cuáles son las decisiones que está adoptando el Estado -el Ejecutivo y el Legislativo en particular- y cómo y para qué se están adoptando. El derecho constitucional de acceso a la información no está suspendido por la crisis y el Estado debe dar máxima publicidad a sus decisiones adoptadas en el contexto de la crisis. Hace ya una década la jurisprudencia constitucional estipuló que éste “es un derecho fundamental de la población a estar debidamente informada de los asuntos de interés colectivo, y a conocer la gestión pública y la forma en que se ejecuta y se rinde cuentas del presupuesto general del Estado; obligación que atañe a todos los órganos y dependencias del Estado, sin excepciones” (Sentencia definitiva del 25-VII-2010 Incs. 1-2010/27-2010/28-2010). La información dosificada sobre las nuevas normas emitidas y la errática comunicación oficial sobre las medidas adoptadas no solo contribuyen a la intranquilidad de los salvadoreños, sino que además vulneran su derecho a la información. El salvadoreño debe ser informado de cuál es la estrategia gubernamental frente a la emergencia y no puede recibir evasivas o generalidades por respuesta.

Por otra parte, como se evidencia del relativo bajo número de pruebas de detección realizadas (un indicador internacionalmente utilizado para valorar la calidad de la respuesta estatal frente al Covid-19), el gobierno está adoptando decisiones sin suficiente o poca evidencia. Lo que más llama la atención es que sigue sin hacerse público una estrategia integral de prevención y mitigación de la crisis. Sin evidencia para la adopción de decisiones es muy difícil que pueda enfocar sus intervenciones haciendo un uso racional de los escasos recursos con los que cuenta y aquellos adicionales que demanda. Pareciera innecesario decir que esa evidencia debería tener base científica, recogida o analizada por especialistas de las disciplinas de la salud pública, la medicina o, en el caso de medidas de esa naturaleza, la economía y las finanzas públicas. Sin embargo, en el marco de la errática comunicación gubernamental, pareciera que todas esas decisiones se están adoptando por políticos con escasa formación científica sin recurrir a la asesoría de especialistas. Es decir, estamos frente a decisiones adoptadas por intuición, imitación, anécdota o cualquier otra razón distinta a la evidencia científica. Ello pone en entredicho la seriedad de la respuesta estatal y la credibilidad en el uso responsable de los recursos de todos.

Finalmente, dado que las decisiones adoptadas durante esta crisis tienen transcendencia para todos, éstas deberían reflejar en la medida de lo posible el sentir y experticia de más sectores de la población. Del gobierno central esperamos un liderazgo responsable, pero no que enfrente la crisis por sí solo. El primer espacio de representación y discusión pluralista de las decisiones más trascendentes frente a la crisis debe ser el Órgano Legislativo. Pero ello los legisladores no pueden ser presionados para aprobar cualquier decisión enviada en forma de proyecto de ley por el Ejecutivo, ni pueden renunciar a su función de control por comodidad o temor. Por otra parte, aunque es comprensible que las decisiones en este contexto deban adoptarse de forma ágil y ello podría suponer una limitante a una participación ciudadana más amplia, sí pareciera conveniente que el gobierno y la propia Asamblea Legislativa busquen el concurso de sectores clave de la vida nacional tales como la academia, el sector privado y los trabajadores organizados. El gobierno abierto no es un lujo sino un estándar democrático.

Es en situaciones extraordinarias para la democracia y el Estado de derecho cuando se ponen realmente a prueba sus instituciones. Sin transparencia, evidencia y participación en las decisiones públicas durante la crisis estaríamos precisamente admitiendo que esas instituciones han dejado de sernos útiles.