Mayra Brito, Estudiante de Ciencias Jurídicas, ESEN.
Estos últimos días hemos sido testigos de constante abusos de poder y el Presidente de la República es el primero en enfilar actos autoritarios. Un ejemplo de ello es la amenaza de cierre de establecimientos y la “revocatoria” de permisos dirigida a ciertos sectores productivos (como maquilas). Ante ello, es indispensable recordar dos cosas: (i) los funcionarios juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y (ii) están vinculados de manera positiva, es decir, solo pueden actuar dentro del ámbito que la ley EXPRESAMENTE les habilita.
Respecto a lo último, hay toda una rama del derecho dedicada a proteger a las personas de actos de autoridad abusivos. En ese sentido, cualquier sanción administrativa debe cumplir los siguientes requisitos para que está sea válida y constitucional:
- Debido proceso: una de las premisas básicas contenidas en nuestra Constitución es que, para privar a alguien de un derecho, se le debe garantizar un procedimiento apegado a la ley, audiencia, defensa, contradicción y una resolución fundada. Es más, la Ley de Procedimientos Administrativos a partir de su artículo 150 consagra las generalidades de un proceso sancionador.
- Proporcionalidad: cualquier sanción impuesta debe guardar una relación directa con la conducta punible o hecho ilícito. En ese sentido, la razón de ser de una sanción es proteger un bien jurídico que se ha visto afectado, de manera directa, por el actuar doloso o culposo del infractor. Recordemos que la responsabilidad objetiva no es una opción de acuerdo con la normativa constitucional.
- Reserva de ley y tipicidad: el constituyente estableció que el único Órgano facultado para establecer sanciones era la Asamblea Legislativa, ¿la razón? Muy simple, es el ente que representa al pueblo entero, lo que implica que tienen la legitimidad democrática necesaria y suficiente para determinar qué hechos merecen una sanción. Lo anterior quiere decir que si no hay ninguna ley que respalde una sanción, esta no es válida. Y para ser clara, un “tweet” no es ninguna fuente de derecho, mucho menos es equiparable a una ley en sentido estricto.
- Presunción de inocencia: si la Administración afirma que se ha cometido una infracción es ella quien debe probarlo. A diferencia de los que muchos funcionarios creen, el administrado no debe probar su inocencia y esto implica una mayor carga para el ente sancionador, pues se requiere de mayor diligencia, esfuerzos y costos.
Sobre la base de lo anterior, es claro que los procedimientos administrativos implican un costo para el Estado en términos de tiempo y dinero, lo que se podría invertir de manera inteligente en insumos médicos y atención hospitalaria de calidad. En estos momentos es necesario defender la salud, pero también es necesario velar por la legalidad de las actuaciones de los funcionarios. Además, hay que prever la crisis económica que se avecina por lo que no es tan inteligente estar arremetiendo o amenazando a la empresa privada.
Estimados funcionarios: asesórense, escuchen consejos, a pesar de la emergencia ustedes siguen vinculados por el principio de legalidad, por ello actúen conforme a derecho y sigan los procedimientos fijados en las leyes; respeten el Estado constitucional y democrático que tanto ha costado construir y sobre todo, entiendan que la empresa privada no es su enemiga. Al contrario, en estos momentos es su mejor aliada y por ello se debería organizar un equipo multidisciplinario que permita adoptar políticas públicas eficientes para paliar la eminente crisis económica. Debemos pensar que cuando esto acabe necesitaremos fuentes de empleo, ingresos y medidas efectivas para todos los sectores empresariales (desde la micro hasta la gran empresa) por el simple hecho que ellas son el verdadero motor de la economía nacional. En otras palabras, El Salvador presentará una caída en el PIB, experimentará un aumento de pobreza, entre otras cosas, ¿en qué se traduce eso? Menos recaudación de impuesto lo que a su vez indica que el Estado tendrá menos dinero para invertir y necesitará una política fiscal eficiente para procurar la inversión y la reactivación económica. ¿Quieren evitar la crisis? Por favor, escuchen el consejo, aun están a tiempo.