S. Enrique Anaya Barraza.
En el contexto de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales para la contención de la pandemia por COVID-19, el 21 de marzo de 2020, el Presidente de la República informó, en conferencia de prensa, del establecimiento de lo que llamó “cuarenta domiciliar durante 30 días para el país”; y añadió que quienes no acataran dicha medida serían detenidos y llevados a un centro de contención por 30 días, “además que se le retirarán otros beneficios”.
En la misma noche del 21 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FF.AA.) comenzaron, siguiendo las órdenes presidenciales, a detener a aquellas personas que circulaban en la calle y que, a criterio del policía o soldado, no lograban justificar su presencia fuera de casa.
En los días subsiguientes, tanto a través de declaraciones de diversos funcionarios de la administración presidencial (asesor jurídico, Ministro de Gobernación, etc), como mediante publicaciones en redes sociales, se insistía en la consecuencia de la presencia en la calle sin justificación alguna (a criterio del policía o del soldado): cuarenta obligatoria por 30 días en un centro de contención.
La supuesta base normativa de esa reclusión en un centro de contención es el art. 5 del Decreto 12 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, del 21/marzo/2020 (DMINSAL-12), pero la realidad es que tal disposición ¡no dice lo que declaró el Presidente y los funcionarios del Órgano Ejecutivo!, y que, incluso, en un sorprendente acto de sumisión, ¡el Fiscal General de la República (FGR) validó!
Lo que dice el art. 5 del DMINSAL-12 es:
“La población en general está obligada a colaborar y acatar las restricciones antes indicadas, so pena de incurrir en las responsabilidades penales y civiles pertinentes. Las personas que se encuentren en cualquier lugar sin la justificación respectiva serán conducidas por las autoridades de seguridad pública a los centros de contención de la pandemia o al establecimiento que indica el Ministerio de Salud, donde se determinará su cuarentena o la remisión obligatoria a su lugar de residencia sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondiente.
Las personas que sean llevadas a los centros de contención por no estar autorizadas a circular, les será revertido el subsidio otorgado por el Estado para la compensación económica del aislamiento social.
Cuando, cualquier persona sea detenida por la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada, y la misma indique que se dirige a un lugar y alguna actividad de las autorizadas que no puede acreditar, firmará una declaración jurada, que al efecto le proporcionen las autoridades.
A las empresas que realicen cualquier actividad sin autorización, y conforme a las leyes respectivas, se determinará el cierre temporal de la empresa que esté realizando una actividad no autorizada en el presente decreto”.
Como se advierte de la misma lectura del artículo transcrito, ¡en ninguna parte se autoriza a detener personas por el simple hecho de circular en las calles sin justificación alguna!
Así que, en realidad, la detención por 30 días se ha utilizado y practicado, pues, por una parte, como amenaza global contra toda la ciudadanía, para imponer miedo y zozobra y, por otra parte, como inadmisible castigo contra quien se atreve a desobedecer las órdenes presidenciales.
A la hora de escribir esta reflexión, según información hasta las 11 pm de ayer (23/marzo/2020), en 2 días, ¡505 personas! han sido detenidas en el marco de aplicación del espurio DMINSAL-12.
Todas esas detenciones son inhumanas (¿a quién se le ocurre provocar grupos de detenidos, incluso en bartolinas policiales, cuando la recomendación es el distanciamiento y hasta el aislamiento social); son inconstitucionales (vulneran todas las reglas sobre la detención); y son ilegales (no existe ninguna base normativa, ni siquiera el DMINSAL-12 que perversamente aducen funcionarios del Órgano Ejecutivo).
Esas detenciones “triple i”, que potencian el riesgo de contagio entre los afectados, son parte de las indeseadas consecuencias de un régimen dictatorial, que pretende gobernar, no a través de la ley, sino a través de declaraciones en televisión y en Twitter.