EN EL CAMINO HACIA LA DICTADURA, ¿DÓNDE ESTÁN LAS INSTITUCIONES DE CONTROL?

S. Enrique Anaya Barraza.

Varias instituciones internacionales están llamando la atención sobre el peligro que representa la circunstancia que, aprovechando la crisis sanitaria por la pandemia por COVID-19, varios gobernantes en el mundo están asediando las instituciones democráticas y violando derechos fundamentales, a fin de crear y consolidar las condiciones para un ejercicio autoritario del poder.

Así se han expresado, por ejemplo, Kevin Casas, exvicepresidente de Costa Rica y actualmente secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en un artículo publicado en el New York Times (lo pueden ver en: https://www.nytimes.com/es/2020/04/06/espanol/opinion/coronavirus-democracia.html); y David Lovatón Palacios, de la Fundación para el Debido Proceso, en el blog de dicha fundación (lo pueden ver en: https://dplfblog.com/2020/04/06/america-latina-derechos-civiles-y-politicos-en-tiempos-de-pandemia/)

Por cierto, en ambos artículos, los analistas internacionales mencionan, como ejemplo de gobiernos con tendencia autoritaria a El Salvador, colocando al presidente salvadoreño al lado de, entre otros, el húngaro Orbán o el brasileño Bolsonaro.

Y es que, en efecto, en El Salvador, aprovechando la crisis sanitaria, la actual administración presidencial ha vertido todos sus esfuerzos comunicacionales en crear un ambiente de ansiedad, miedo y zozobra, sobre todo a través de esos sucedáneos de conferencia de prensa cada 7 u 8 días, pero que en realidad son un espectáculo para el autobombo y la autovictimización (pero, por favor, no dejen de ver las cadenas de radio y tv, porque si se las pierden, después no entienden los casi 100 memes que se generan cada vez).

Ese ambiente ha sido propicio para que la administración presidencial reclame poderes extraordinarios, inclusive el establecimiento de un régimen de suspensión de 3 derechos constitucionales (libertad de tránsito, libertad de reunión y derecho a no ser obligado a cambiar de domicilio); a lo que la Asamblea Legislativa –casi sin rechistar- ha accedido: lamentablemente, el régimen de suspensión de derechos constitucionales se ha establecido de modo inconstitucional (porque la Asamblea Legislativa, en lugar de disponer las restricciones a los derechos, delega para que el Órgano Ejecutivo lo disponga a través de decretos ministeriales o hasta por simples resoluciones ministeriales) y, además, con una pésima técnica legislativa (al remitir a una resolución judicial); deficiencias que han servido para que la administración presidencial entienda que no existe ningún obstáculo legal frente a sus decisiones y actuaciones.

Así, la más grave de las actuaciones ordenadas desde la administración presidencial (que se hace por declaraciones televisadas o por Twitter, sin ningún respaldo legal) es la captura de las personas que inobserven la cuarentena domiciliaria y su sometimiento a prisión por 30 días en supuestos centros de contención de la pandemia: por supuesto, el Órgano Ejecutivo ha recurrido a una insoportable distorsión del lenguaje, llamando a dichas capturas, entre otras cosas, “retenciones con fines sanitarios”.

Amén de la inconstitucionalidad e ilegalidad de tales detenciones, lo más preocupante es que los denominados “centros de contención”, al parecer, están operando más bien -como el mismo Ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) lo reconoció- como “centros de contagio”.

Si bien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn) ya dispuso, en resolución del 27/marzo/2020, que “la mera inobservancia, insumisión o rebeldía frente a la disposición gubernamental” de la cuarenta domiciliaria no  es causa, ni para la detención, ni para el internamiento forzoso en centro de contención, a la administración presidencial le ha dado absolutamente igual dicha resolución judicial.

Incluso, en lo únicamente puede entenderse como una burla ante la resolución de la SCn/CSJ, en otro sucedáneo de conferencia de prensa, el 6/abril/2020, la administración presidencial ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) que fuere “más estricta” en la aplicación de la cuarentena, así que podían seguir capturando personas, que le daba igual si la gente se quejaba de que le doblaban la muñeca, y que decomisaran los vehículos de los infractores de la cuarentena: ¡qué vergüenza que desde el Gobierno se promueva el castigo físico de los ciudadanos por parte de los agentes de autoridad pública!

Y como las órdenes de la administración presidencial, en este ambiente tendente a la dictadura, se cumplen, resulta que en una sola noche, más de 150 personas fueron detenidas (por supuesto, como no podía ser de otra forma, en zonas socialmente vulnerables, como el centro de San Salvador, o Soyapango).

Así que, a esta fecha (7/abril/2020), casi ¡mil salvadoreños! han sido ilegalmente detenidos y, lo peor, están siendo colocados en riesgo de contagio.

Frente a estos hechos, que no son más que una demostración de fuerza bruta, es indispensable que las instituciones de control funcionen urgentemente:

Primero, la SCn/CSJ debe abandonar de una vez por todas, en esta emergencia, esa insoportable parsimonia: la flagrante violación de los derechos a la libertad física y a la salud de casi un millar de conciudadanos exige que el tribunal actúe de oficio y rápidamente, ordenando –en cumplimiento de las medidas cautelares estructurales que previamente emitió- que cesen las detenciones ilegales.

Segundo, la Asamblea Legislativa (AL) debe actuar como un verdadero poder del Estado, ejerciendo en debida forma su potestad legislativa (no delegar en el Órgano Ejecutivo) y, sobre todo, fijar de modo muy preciso los límites y condiciones para el ejercicio de potestades extraordinarias.

Tercero, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), un ejercicio más vigoroso en la protección de los derechos humanos.

Parece que a pesar del convencimiento internacional que la actual administración presidencial salvadoreña tiene un perfil autoritario, solo la AL y la SCn/CSJ no se han dado enterado: así que, por favor, todos los ciudadanos reclamemos que esas instituciones funcionen en la práctica, con prontitud y sentido humano, pues es esencia, además de la libertad física, es el derecho a la salud y, en definitiva, el derecho a la vida, los que están en riesgo, simple y sencillamente, porque ahora, en lugar de fusilar al infractor, lo colocan en riesgo de contagiarse de una enfermedad mortal.

Ojalá que las instituciones de control constitucional no estén de vacación.