S. Enrique Anaya Barraza.
El 2/abril/2020, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) brindó unas declaraciones que únicamente merecen el calificativo, siendo muy caritativos, de obscenas y vergonzosas.
Y es que el MJSP declaró, sin inmutarse: “Les pedimos de favor que colaboren, caso contrario tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena, lejos de su familia y corriendo el riesgo de que en estos centros de cuarentena puedan contraer inclusive el virus”
¡Vaya obscenidad social y soez jurídica de semejante declaración!
El MJSP ha reconocido, de modo expreso, que las personas ilegalmente detenidas con motivo de inobservancia de la cuarentena domiciliar, aplicable en todo el territorio nacional, son conducidas –sometidas a prisión- a centros de reclusión (que eufemísticamente llaman centros de contención), siendo colocados, ¡por el mismo Estado!, en condición de alto riesgo, al extremo de infectarse del virus COVID-19.
¡Que ausencia de humanidad, que falta de sensatez, que carencia de conciencia!
¿De quién es la mente más tosca e inhumana que ha decidido castigar con el riesgo de muerte a las personas que incumplen con la cuarentena domiciliaria?
Muchos hemos insistido en reconocer el acierto de las medidas adoptadas por el órgano ejecutivo para detener y ralentizar tanto el ingreso como la expansión del virus COVID-19 en el país, pero de eso a detener ilegalmente personas por inobservar la cuarentena –para lo cual no existe base legal alguna- y, peor, someterlas a reclusión en lugares en los que existe el riesgo de contagio, hay, no un abismo, sino un averno.
Nadie logra entender, en un contexto en el cual se recomienda el distanciamiento y aislamiento social, que el Órgano Ejecutivo insista en detener ilegalmente a personas y conducirlas, sin ningún protocolo de seguridad, a lugares con riesgo de contagio. ¿Cuál es la lógica de salud pública que recomienda que personas detenidas y sin previos exámenes médicos sean sometidas a cuarentena en lugares de riesgo?
Incluso, investigaciones periodísticas ya han puesto en evidencia las arbitrariedades en las capturas, la ausencia de medidas de seguridad sanitaria, la formación de aglomeraciones en el traslado de los detenidos.
Si Casa Presidencial (CAPRES) contara con asesoría jurídica, alguien ya les habría dicho a los funcionarios de la administración presidencial que todas esas detenciones son inconstitucionales e ilegales, que vulneran gravemente los derechos humanos y que carecen totalmente de soporte jurídico: lamentablemente, parece que en CAPRES, además de que –como ya sabemos- no se cuenta con asesores jurídicos, tampoco existe nadie con los suficientes…temple y arrojo, para hablar en favor de las personas ilegalmente detenidas.
Seamos claros: no existe ninguna ley (ni la de emergencia, ni la del régimen de excepción, ni el código de salud, ni la de protección civil), ni decreto del Ministerio de Salud (ni el 12, ni el 14, que tanto les gusta citar a algunos funcionarios de la administración presidencial), que habilite, autorice o permita que las personas detenidas por infringir la cuarentena domiciliaria sean sometidas a detención por el plazo de 30 días, en un lugar de riesgo de contagio por COVID-19.
A la fecha, prácticamente ¡800 personas! están ilegalmente detenidas desde el 21/marzo/2020, y si bien la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), el 27/marzo/2020, emitió medidas cautelares estructurales que, en esencia, ordenaban la no detención de las personas, sino su resguardo –con dignidad- únicamente en caso que hubieren “(…) estado en contacto con fuentes de contagio de la enfermedad”, la realidad es que al Órgano Ejecutivo le ha dado igual la resolución judicial y hasta se burlan de la misma, al grado que el 3/abril/2020, después de la orden judicial, tuvo el descaro de informar de la detención (“retención” le llaman) de varias personas “por violentar la cuarentena domiciliar obligatoria esta madrugada”.
Frente a tal situación de desobediencia a orden judicial –desobediencia justificada y potenciada por la asesoría del asesor de CAPRES-, es esencial que la SCn/CSJ cumpla con su papel de protector de los derechos fundamentales de las personas y, en consecuencia, en seguimiento y verificación del cumplimiento de su resolución del 27/marzo/2020, dictada en el proceso de exhibición de la personas o hábeas corpus en favor de 3 señoras detenidas en Jiquilisco pero de efectos generales, ordene a la Presidencia de la República, a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que cesen las detenciones ilegales.
Como este servidor, amigo de todos ustedes, solo tiene el poder de expresar la queja y el reclamo de un simple ciudadano, perdonen que este, el más humilde siervo del Señor, tenga el atrevimiento de tomar las palabras del santo salvadoreño, y decir a los funcionarios estatales que, “recuperen su conciencia” y, en consecuencia, “les suplico, les ruego”, dejen de detener ilegalmente a las personas y mandarlas a centros de riesgo de contagio de una enfermedad mortal.
Y es que, ojalá que no suceda, oro para que no pase, pero si una sola, una sola, de las personas detenidas ilegalmente desde el 21/marzo/2020 sufre la enfermedad del COVID-19, esa carga quedará sobre la conciencia de los funcionarios que, desatendiendo sus obligaciones y sus juramentos, ordenaron, ejecutaron y justificaron esas ilegales detenciones. Que Dios los perdone.
“El fin justifica los medios”, principio que tuvo cabida en la mente de Maquiavelo, que en nada es un referente para ejercer la difícil tarea de gobernar.
En las circunstancias que enfrentamos el fin, se identifica con la necesidad de evitar la difusión del virus por la inobservancia de las medidas de resguardo ante la carencia de otros métodos coercitivos para lograr su cumplimiento y ha sido utilizada como bandera que enarbola el gobierno para justificar el motivo de las detenciones;
Sin embargo, el motivo calificado como un imperativo, de ninguna manera legítima su actuar que está en franca contradicción con nuestro orden Constitucional.
Coincido totalmente con el contenido de este valioso análisis, en cuanto a que si fruto del hacinamiento o el manejo que se dé a los privados de libertad, pudiese surgir nuevos contagios o la enfermedad o muerte de alguno de ellos por una u otra causa, al igual que cuando la gente se volcó a los CENADES en busca del subsidio, el Gobierno y sus asesores corren con una altísima cuota de responsabilidad, haciendo más cara la medicina que la enfermedad, con las implicaciones de responder por ese agravante más.
Disciento en cuanto a que los Asesores no comprendan un error tan fundamental, pero creo que hay ocasiones, en que lo apremiante de las circunstancias, las limitaciones de recursos y no saber escuchar diferentes criterios, en este caso jurídicos para fortalecer la toma de decisiones, quizá no ha sido su mayor virtud.
Creo que hace falta una dosis de creatividad y unificación de esfuerzos en las medidas sancionatorias que acompañen las restricciones de movilidad, para que el común de las personas tengamos más que solo responsabilidad y disciplina de quedarnos en casa, otros motivos que nos obliguen a cumplir con ellas…
Dios de sabiduría a nuestros gobernantes para no leer, ni oír esta sencilla opinión, sino interiorizar, reorientar y corregir sus decisiones en este difícil arte de gobernar…